Cinco acciones de inconstitucionalidad han sido admitidas por la Corte Constitucional (CC), entre junio de 2022 y julio de este año, y han provocado, a través de medidas cautelares, la suspensión de varios artículos de la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Casos de Violación (Lorive), lo que para algunos grupos Provida las alteraciones que ha sufrido el cuerpo legal “estarían permitiendo la práctica de abortos sin mayores regulaciones ni límites”.