Tres investigaciones previas por supuestos actos de corrupción mantienen en el lente de Fiscalía a funcionarios del Consejo de la Judicatura

Tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y lavado de activos son los delitos por los que los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno, Juan José Morillo y Xavier Muñoz se han colocado en el ojo público. La Fiscalía mantiene investigaciones previas por cada uno de estos tipos penales, en los que incluso ha procedido a allanamientos en Quito y Guayaquil en estas últimas tres semanas.

El 28 de abril pasado la fiscal general, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fecha y hora para formular cargos contra Barreno, Morillo y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Según ella, todos eran investigados desde el 15 de junio de 2022 por el delito de tráfico de influencias. El primer llamado fue para el 4 de mayo último, pero la audiencia no se dio porque el juez nacional Walter Macías fue recusado por la vocal Barreno ante una supuesta enemistad manifiesta.

“Tenemos un caso sólido sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa”, señaló Salazar en su momento.

Un testimonio anticipado y un audio original, elementos centrales de una acusación por tráfico de influencias contra dos vocales del Consejo de la Judicatura

El caso arrancó con un audio filtrado en el que el vocal Morillo, en presencia de Barreno, pediría el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de su destitución. Jhaya, quien antecedió a Osejo en la presidencia de la Corte de Pichincha, estaría siendo implicado en el caso por supuestamente haber convocado a los funcionarios judiciales para la reunión.

Días después de no instalarse la formulación de cargos se dio la audiencia de recusación contra Macías. La acción fue negada de forma unánime por un Tribunal de la CNJ, quedando nuevamente el magistrado a cargo de la causa.

Ese hecho duró pocas horas. Con los votos a favor del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y del vocal Muñoz se decidió la suspensión por tres meses de Macías. Barreno y Morillo se abstuvieron de votar. La suspensión temporal de Macías se dio por sus actuaciones como juez penal de la CNJ y ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Desde el 11 de mayo pasado, la causa por tráfico de influencias se mantiene sin una fecha tentativa para instalar la formulación de cargos. Esta tardanza provocó que el 17 de mayo último la fiscal Diana Salazar envíe un escrito a la Sala Penal de la Corte Nacional para insistir en pedir día y hora para una audiencia.

“Debido a diferentes circunstancias orientadas a dilatar el accionar de Fiscalía no se ha podido instalar la audiencia solicitada, razón por la cual insisto en mi petición y solicito se señale lo antes posible día y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos contra los tres ciudadanos nombrados”, explicó en su insistencia a la Corte.

Un día después de la suspensión del juez Macías, la Fiscalía ejecutó cinco allanamientos en oficinas del Consejo de la Judicatura. Dentro de la investigación previa del caso denominado Cero Impunidad XV, derivado de una denuncia por el delito de obstrucción de la justicia, se ingresó a las oficinas del secretario general, de la Subdirección de Control Disciplinario y del vocal Morillo. Barreno y Muñoz también estarían en esta causa investigados.

Un teléfono celular, un disco duro, siete laptops, siete carpetas y diez fragmentos de papel con textos manuscritos fueron parte de los elementos incautados en los allanamientos.

Desde la Judicatura se condenó cualquier intento de chantaje o persecución. El presidente Wilman Terán expresó su preocupación por el allanamiento al edificio matriz de la Judicatura un día después de que se registrara una amenaza de bomba en las mismas instalaciones. En cambio, desde la Fiscalía se dijo que pese a no contar con las facilidades para realizar la diligencia, la cual tenía la respectiva orden judicial, se levantaron indicios relacionados con supuesta obstrucción de la justicia concerniente con tres casos considerados de conmoción.

El último capítulo de estas tres investigaciones previas que involucran a funcionarios de la Judicatura se registró entre la tarde y noche del miércoles último. Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional intervinieron de manera simultánea en tres inmuebles ubicados en la capital y en dos en Guayaquil, como parte de una investigación previa por el delito de lavado de activos en el que el principal sospechoso es el vocal Xavier Muñoz.

En esos cinco lugares se habrían recogido indicios para las correspondientes pericias. Celulares, cajas fuertes, documentos y dinero en efectivo se habrían recuperado en los allanamientos.

En la Judicatura Xavier Muñoz es vocal desde abril de 2021, en representación de la Función Ejecutiva. Fue el entonces presidente Lenín Moreno quien los postuló como su delegado, pero el actual primer mandatario, Guillermo Lasso, le pidió que renuncie ante supuestas actuaciones “poco éticas”. Muñoz se declara un perseguido político y asegura que ha reportado todos sus ingresos y que los mismos son lícitos.

Las posiciones de los vocales investigados

A Barreno lo primero que le resultó sorprendente fue el “accionar informal” de la fiscal general dentro de una investigación previa que tiene el carácter de reservado. Ella, mediante un comunicado público, sostuvo que sus derechos y garantías establecidos en la Constitución, especialmente la presunción de inocencia, deben ser respetados y dejó sentada la contaminación que ha provocado la Fiscalía en este caso al hacer mediático un procedimiento que genera un prejuicio en la ciudadanía y que puede afectar la imparcialidad de los juzgadores.

“Jamás he abusado de mi cargo para influenciar sobre terceros en beneficio personal ni de otros, sino que por el contrario he impulsado y promovido proyectos técnicos y modernizadores para mejorar el sistema de justicia”, afirmó la vocal Barreno, al tiempo que adelantó que llevará adelante una defensa técnica y jurídica para desvirtuar todas las acusaciones que buscan afectar su buen nombre.

Juan José Morillo señaló que en su calidad de vocal principal del CJ no solo ha sido respetuoso de la Constitución y la Ley, sino que además ha sido responsable y coherente en sus actuaciones con el país y con el órgano de Gobierno de la Función Judicial. “Desde el inicio de la investigación he presentado toda mi colaboración a la Fiscalía General del Estado para que realice su trabajo. En esa línea de respeto a la institucionalidad seguiré el debido proceso”.

Morillo, quien ingresó a la Judicatura en representación de la Defensoría Pública, expresó que ejercerá su derecho a la defensa para que quede claro su estado de inocencia. Pese a ello indicó que al encontrarse en fase de investigación previa, que tiene el carácter de reservado, no puedo hacer públicos los hechos que han servido de sustento para la solicitud de la Fiscalía.

Este vocal ha puesto en duda la autenticidad de los audios filtrados y cree que lo que ha existido es la presentación de un audio fragmentado y descontextualizado. Según Morillo, el audio filtrado le genera desconfianza en cuanto a su originalidad e integralidad.

Por su parte, el vocal Xavier Muñoz ha mencionado que se está atacando a los personeros de la Función Judicial con “falsas e infundadas imputaciones de delitos graves”. Aunque reconoció que estas acciones afectan la confianza e imagen de la institución, sin embargo, cree que los fortalece, porque se ratificaría que están ejerciendo un control adecuado que incomoda a grupos de poder.

“Resulta evidente que esta campaña de desprestigio y ataques sistemáticos ha rebasado los límites de la tolerancia y coherencia jurídica. Las actuaciones realizadas en mi contra carecen de todo fundamento fáctico y legal. Su propósito es beneficiar intereses particulares ilegítimos, que solo ahondan la grave crisis político-institucional que vive el país”, anotó en un comunicado público Muñoz.

El vocal que está en la Judicatura en representación del Ejecutivo cree que la fiscal general, Diana Salazar, tendrá que probar las acusaciones que hace contra él o en su defecto, apunta, deberá ofrecer una disculpa pública al país al no encontrar nada que a él lo vincule con ilegalidad alguna mientras ha estado en el ejercicio de su cargo. (I)