Un tribunal de alzada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó parcialmente y por unanimidad una acción de protección interpuesta por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en la que reconoció que se vulneraron cuatro de sus derechos constitucionales.
Este miércoles, 12 de marzo, el tribunal de alzada de la Corte Provincial integrado por los jueces Silvana Velasco Velasco, Wiler Chóez Avilés y Byron Uzcátegui Arregui (ponente) resolvió la acción de protección que planteó la vicepresidenta Verónica Abad en septiembre del año pasado, en contra del inicio de un sumario administrativo que abrió el Ministerio del Trabajo por no haberse presentado en Turquía en un plazo que le había fijado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Se ha verificado la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, debido proceso en la garantía de ser juzgado por autoridad competente, garantía de juez natural y derechos de participación de la accionante por parte de Ruth Espinoza Avilés, en su calidad de directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público”, señala el fallo.
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En esa línea, se aceptó parcialmente el recurso de apelación a una primera sentencia en la que una jueza de primer nivel le negó la acción.
Para llegar a esta resolución, previamente, el tribunal elevó una consulta de norma a la Corte Constitucional (CC) para que le aclarara si podía ejecutarse un sumario administrativo a quien ejerza la Vicepresidencia de la República.
Este caso se dio a raíz de un expediente administrativo que ejecutó Ruth Espinoza Avilés, funcionaria del Ministerio del Trabajo, en septiembre de 2024, luego que la Cancillería informó que Verónica Abad se presentó en Turquía el 9 de septiembre y no el 1 de septiembre como se lo había dispuesto un servidor.
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En ese entonces, Abad se encontraba en Israel cumpliendo su función de embajadora de Ecuador para fomentar la paz con Palestina, que fue la asignación que le hizo el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en noviembre de 2023.
Debido al conflicto bélico en el Medio Oriente, el jefe de Estado ordenó su traslado a Turquía para que continúe su labor diplomática.
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En tanto, el 8 de noviembre de 2024, el Ministerio del Trabajo concluyó que Abad incurrió en una infracción administrativa grave, contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), y la sancionó con la suspensión de su ejercicio de vicepresidenta por 150 días (cinco meses) sin sueldo y ella regresó al Ecuador.
Luego, la segunda mandataria recurrió a otra acción de protección en contra del resultado de este sumario, que lo aceptó el 23 de diciembre pasado la jueza de la Unidad Judicial de la Niñez Nubia Vera Cedeño.
Con ello, dejó sin efecto la suspensión y ordenó que regrese a su cargo, aunque no se le ha permitido ingresar al edificio de la Vicepresidencia y tampoco se ha trasladado a Turquía para cumplir la nueva asignación de encargada de negocios que le delegó el mandatario. (I)
