La asambleísta del correísmo Sofía Espín sorprendió en la Comisión de Fiscalización al mocionar que se incorpore como prueba nueva o prueba de oficio documentación requerida por Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, que enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional por presunto incumplimiento de funciones cuando fue presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
Todo ocurrió en la extensa sesión que se desarrolló el miércoles 18 de junio. El pedido de Espín tuvo una votación que resultó confusa, por lo que se repitió para que terminara aprobándose, ya que en ese momento estuvieron presentes cinco de los nueve asambleístas miembros de la comisión.
La moción de la asambleísta incluyó varios puntos, que en su mayoría fueron pedidos de información a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Pero en el numeral siete del listado de temas la legisladora solicitó incorporar al expediente del juicio político un oficio ingresado por Wilman Terán el lunes 17 de junio.
Publicidad
De dicho oficio no se dio lectura en la sesión. Previamente, el documento fue puesto en conocimiento de los miembros de la comisión por el secretario Jairo Jarrín. El texto contiene 16 pedidos, entre los cuales consta información que también es parte del proceso penal del caso Independencia Judicial, en el cual Terán y otros exfuncionarios judiciales son investigados por el presunto delito de obstrucción de la justicia.
Entre los pedidos de Wilman Terán para que se sumen al expediente del juicio político está requerir al Consejo de la Judicatura documentación sobre las denuncias contra el juez Walter Macías, las resoluciones que el Consejo emitió contra el magistrado, el informe disciplinario de Macías; a la Fiscalía, que remita copias certificadas de las indagaciones previas o instrucciones penales iniciadas en contra de los jueces Walter Macías, Luis Rivera, Byron Guillén, Felipe Córdova y Roberto Guzmán.
Moción y votación
La moción de Sofía Espín fue respaldada por su compañero de bancada Lenín Barreto. Con ello, se sometió a votación, pero con los resultados obtenidos hubo una confusión de criterios legales sobre si se aprobó o no, así que terminó por repetirse la votación.
Publicidad
En principio, votaron a favor los asambleístas del correísmo: Lenín Barreto, Sofía Espín y Ronal González. Se abstuvieron Adriana García (IND) y José Rogel (PSC). No estuvieron presentes en la sesión Pamela Aguirre (RC), presidenta de la comisión, ni Luis Alvarado, César Umajinga o Ramiro Vela (ADN).
Con eso, la secretaria encargada de la mesa legislativa proclamó resultados: “Con tres votos a favor y dos abstenciones, no ha sido aprobada la moción”, dijo. Entonces, Adriana García, presidenta encargada de la comisión, pidió a la secretaria que lea al artículo 16 del Reglamento de Trámites de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional.
Publicidad
Dicha norma dispone, en resumen, que “las decisiones del pleno de la comisión especializada se las adoptará por mayoría absoluta de sus integrantes”. Por mayoría absoluta, dice el reglamento, se entenderá “el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas que integran las comisiones especializadas”.
La proclamación de resultados, con base en el reglamento, no satisfizo al correísmo. Por ello, Lenín Barreto pidió que se lea el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual, en lo pertinente, establece que “la Comisión de Fiscalización, por decisión de la mayoría simple de sus integrantes, podrá solicitar pruebas de oficio”.
Barreto se justificó en la ley para insistir en que los tres votos afirmativos fueron suficientes para aprobar la moción de su compañera de bancada. “Como todos sabemos, la ley orgánica está sobre el reglamento”, afirmó, y pidió que se vuelvan a proclamar resultados.
Sofía Espín aprovechó un punto de orden para ratificarse en la ley y presionar para que su moción fuera validada. Según lo mismo que dijo Barreto, la legisladora solicitó que se proclamaran resultados, con base en lo que dice la ley, y se procediera con la reconsideración.
Publicidad
Hubo unos segundos de silencio. La presidenta encargada conversó con la secretaría y dio paso a la reconsideración de la votación inicial. Pero Barreto interrumpió diciendo: “La proclamación de los resultados estuvieron alejadas (sic) de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa; de pronto hubo un error, un desconocimiento, qué sé yo... Entonces, solicitamos que se vuelva a proclamar resultados o que se lean los votos para resarcir ese error”, dijo.
Nuevamente hubo una breve pausa y Adriana García resolvió repetir la votación. En ese segundo momento, los votos fueron exactamente los mismos de la primera vez, pero la proclamación de resultados cambió y se declaró que la moción fue aprobada.
Sofía Espín reflexionó su voto y justificó que la razón de incorporar los documentos que requiere Wilman Terán es que todas las partes involucradas en el juicio político “tengan igualdad de armas”, incorporando documentación como prueba nueva o prueba de oficio, ya que el expresidente de la Judicatura no lo pudo hacer antes porque está encerrado en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Además, dijo la asambleísta, también se busca evitar demandas internacionales en el futuro.
“Los asambleístas conocen que la única manera de incorporar esos documentos que él (Wilman Terán) no pudo solicitar en su debido momento, por encontrarse en una cárcel de máxima seguridad, como La Roca, sean incorporadas (sic). Así nos libramos los asambleístas de esta comisión de demandas internacionales futuras. Lo único que se está haciendo es que no se vulneren los derechos humanos de las personas que están siendo llevadas a juicio político. Yo creo que no debemos tener miedo. Cada uno de los documentos ha sido revisado; todos tienen que ver con el juicio político; por lo tanto, hemos pedido esa prueba nueva, que se incorpore como prueba de oficio”, ratificó Espín.
Reclamos del interpelante
El legislador proponente del juicio político, Jorge Peñafiel (Construye), calificó de “tapetazo” lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización, donde los asambleístas del correísmo, violando la ley y el reglamento, interpretan la mayoría y aprueban a último minuto la práctica de prueba de Wilman Terán, tal como sucedió en el Consejo de la Judicatura.
Lo que busca el correísmo es abrir una tribuna al procesado en el caso Metástasis para embarrar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y al expresidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela; es decir, “busca tener espacio y poder embarrar a otros funcionarios, a otras personas, y tener herramientas de defensa ante la opinión pública en torno a su defensa penal; pretende llevarse a todos al mismo saco donde él está”. Aquí todo esto obedece a una agenda del correísmo, dijo.
Peñafiel aseveró que es sorprendente cómo el correísmo ha aportado en la defensa de Wilman Terán, no en el juicio político, porque RC no ha pedido ninguna prueba, alegato o información; lo que ha hecho es permitirle a Terán presentar prueba nueva a última hora y en horas de la noche a través de una interpretación del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 16 del Reglamento de Comisiones; eso es lo que permite a Terán “tener tribuna y decir su verdad, no en el caso del juicio político, donde se está imputando en la Asamblea, sino en el tema penal”. (I)
