Un día después de la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, esta enfrenta una primera demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Constitucional (CC).

La mañana de este 30 de noviembre, el excandidato presidencial y ahora líder del movimiento político Somos Agua, que está en formación, Yaku Pérez Guartambel, acudió hasta la Corte Constitucional en Quito para ingresar el documento con su propuesta de demanda.

Detalla cómo se realizó la sesión de la Asamblea Nacional del pasado 26 de noviembre, sobre la que se plantearon las mociones que no alcanzaron los votos para aprobar la ley, modificarla o negarla con base en el artículo 140 de la Constitución y el 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Según Pérez, la norma fue negada, no se aprobó. “Y no debe entrar por el ministerio de la ley. Y el Gobierno nacional violentando de manera flagrante al disponer la publicación en el Registro Oficial, con lo que se consume la vulneración constitucional, que además acaba con una sociedad destruida económicamente”, esgrimió el accionante.

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Asegura además que contiene disposiciones lesivas para despojar $ 1.900 millones con nuevos tributos a una población empobrecida.

Bajo ese contexto pidió que se declare la inconstitucionalidad del texto legal, que se la expulse del ordenamiento jurídico y que se dicte una medida cautelar para que se suspenda su contenido.

”La ley no solo que viola nuestros derechos individuales y colectivos, garantizados en la Constitución y tratados internacionales, como aquellos que norman la prevención y lucha contra la corrupción, sino que atenta contra la ética, la moral, la legalidad y constitucionalidad, incluso al dejar en la impunidad aquellos sujetos que hicieron enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria y aduanera. Estaríamos ante una figura punitiva, como es la apología del delito, al legalizar lo ilícito de los dineros provenientes de los sujetos pasivos, que podrían, pagando entre 3,5 % y el 5 % de sus activos, legalizar todos sus antecedentes delictivos, lo que vuelve urgente y necesario que se dicte la medida cautelar solicitada”.

La Ley de Desarrollo Económico, iniciativa del Ejecutivo de carácter urgente en materia económica, está vigente desde este lunes 29 de noviembre, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, la envió al Registro Oficial para su promulgación.

Esto una vez que el Parlamento no resolvió negarla ni archivarla en el segundo y definitivo debate, que se realizó el viernes anterior, cuando la legisladora de Pachakutik (PK) Mireya Pazmiño lo mocionó.

Esta moción tuvo 81 abstenciones de las bancadas legislativas de Unión por la Esperanza (UNES), CREO y legisladores independientes.

Con ello la ley no se aprobó, negó o modificó, por lo que el Ejecutivo dispuso su publicación como decreto-ley.

En tanto, en la Asamblea Nacional, las bancadas mantienen análisis internos para definir acciones futuras para echar abajo esta ley.

El coordinador del bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, anunció que se prevé en unos ocho días presentar una propuesta de ley de derogatoria a la Ley de Desarrollo Económico. (I)