El asesinato del candidato Fernando Villavicencio, a once días de las elecciones presidenciales, encarna “el punto más alto de terror”, “el hecho más preocupante” y “el suceso más grave en un ascenso acelerado de la expansión de la criminalidad”. Su muerte en manos de sicarios que lo mataron con tres balazos en la cabeza a la salida de un mitin político en los exteriores de un colegio de Quito desborda la violencia que -a criterio de expertos en seguridad- se ha incrementado en los últimos cinco años, pero que se originó a comienzos del nuevo milenio.

En este lapso, incontables hechos han marcado la creciente criminalidad en el país, la mayoría vinculados al narcotráfico. Atentados con bombas, cadáveres colgados de puentes, explosiones en destacamentos policiales, crímenes políticos, cuerpos desmembrados, constituyen una muestra macabra del escenario que hoy vive el país.

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“La expansión de la criminalidad está directamente vinculada con el caudal del narcotráfico que ahora circula por el país. Se calcula que anualmente 200 toneladas son incautadas, considerando que los estados tienen capacidad para capturar el 15 % de lo que realmente circula, imaginemos todo el volumen de droga que actualmente está atravesando el país, ese volumen de droga antes no existía. Ese volumen tan alto ha permitido el ascenso de la criminalidad”, analiza Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

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Desde el 2018, considera Navarrete, aumentaron las tasas de criminalidad. Con él coincide el experto Renato Rivera: “En el Observatorio (Ecuatoriano de Crimen Organizado) hicimos una proyección con las cifras de violencia registradas hasta el 30 de junio y veíamos que Ecuador va a cerrar el año con una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes. Eso es preocupante, porque es un incremento del 5 % en comparación con el año anterior, que estaba en 25, esto es, cientos de muertes. Nuestra tasa estaría más alta que Colombia y México, nos preocupa muchísimo”, explicó Rivera, especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.

En los países que menciona Rivera, el crimen organizado también está fuertemente ligado al narcotráfico, una problemática que -según recuerdan sociólogos e historiadores- se conoció en Ecuador a partir de los años noventa con los primeros operativos antinarcóticos, entre ellos el que permitió la captura en marzo de 1988 del empresario Carlos Hidalgo Tejada, acusado de enviar a España más de 300 kilos de droga camuflada en chocolate; o el operativo llamado Ciclón, en junio de 1992 y que descubrió una red de narcotraficantes liderada por Jorge Hugo Reyes Torres.

Cuenca. En las afueras de la Gobernación del Azuay se concentraron simpatizantes del candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto en Quito, para participar en una vigilia. Foto: API Foto: API

Sin embargo, la actuación de mayor trascendencia fue la operación Fénix, también llamada Bombardeo de Angostura, en marzo del 2008 en Sucumbíos, que permitió la captura del guerrillero de las FARC y narcotraficante colombiano Raúl Reyes, cuyo campamento fue localizado -según fuentes militares- por el uso de teléfonos satelitales que fueron interceptados por el Gobierno colombiano. En el operativo murieron 25 personas junto con Reyes, y quedó en evidencia el uso del suelo ecuatoriano por parte de grupos terroristas financiados por el narcotráfico. El entonces presidente Rafael Correa ordenó una investigación luego que le informara del hecho su homólogo colombiano Álvaro Uribe.

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“La invasión colombiana al campamento guerrillero pasó a un segundo plano (...), vimos una fuerte penetración del narcotráfico en todos los estamentos de la sociedad. En la base de Angostura funcionaba una especie de oficina del Registro Civil, donde falsificaban cédulas para cualquier guerrillero que quería pasar por ecuatoriano y curarse las heridas en el territorio nacional. Digamos que eso podría ser una estrategia de la guerrilla que ya estaba vinculada con el narcotráfico, pero cuando nos enteramos también de oficiales de la Fuerza Aérea introduciendo droga en carros de las fuerzas armadas a recintos militares, nos inquietamos más. Y cuando vimos que eso también ocurría en la Policía, todo se volvió más sospechoso. Yo dije que lo trascendente era que el país estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia”, recordó el año pasado Francisco Huerta, quien integró -a pedido de Correa- la comisión que investigó el ataque de Angostura.

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Las redes del narcotráfico se han extendido desde entonces a la mayor parte de las dependencias del Estado, analizó Huerta: “están por todos lados, porque lo que más tienen es plata. Han penetrado las fuerzas armadas, la Policía, los partidos y hasta las asociaciones deportivas”. Expertos en seguridad, que hablaron bajo la reserva de sus nombres, aseguran que en Ecuador se lavan $ 3.500 millones al año provenientes del narcotráfico, una cifra que supera en más del doble el presupuesto de las alcaldías de Guayaquil, Manta y Cuenca. “Esos recursos se lavan en esas ciudades”, dijo un especialista, que afirmó que en el país operan unas 35 estructuras criminales con las que se arma “la red global del crimen en Ecuador”.

La presencia de estructuras narcocriminales, que se conocieron desde Angostura pero que no se eliminaron, hoy dejan como secuelas miles de muertes en las cárceles y en las calles del país. “Si hubiésemos tomado las medidas del caso, no habría habido implantación guerrillera a lo largo de toda la frontera ecuatoriana, y luego desarrollar las acciones de inteligencia, que no hubo, la inteligencia pasó a ser un cargo político más”.

El mismo año que ocurrió lo de Angostura, en una hacienda llamada La Campanita, frente a Colombia, se realizó el operativo Huracán de la Frontera, donde se incautaron 4,7 toneladas de cocaína. En los años siguientes también se incrementaron decomisos y también los sicariatos, entre ellos el de Wellington Alcívar, un abogado quien públicamente pidió en febrero del 2012 que el presidente Correa investigue los nexos de carteles de droga de México y Colombia con algunos representantes de la Función Judicial en Esmeraldas.

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Para entonces, estima el experto Rivera, ya el cartel de Sinaloa había llegado al país. “Están presentes aproximadamente desde 2003. Ellos tuvieron un monopolio de subcontratación en esos años. Entre 2010 y 2012 empiezan a darse los primeros casos de mafias albanesas, le dicen, pero son redes balcánicas, de los Balcanes, que también empezaron a tener negocios de cocaína con envíos a Europa. Y el cartel Jalisco Nueva Generación es el último registro, en 2016”, explicó el especialista coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Durán. Uno de los dos cadáveres colgados en un paso peatonal estaba cerca de la calzada. Foto: Tomada de redes sociales.

Los grandes carteles se han afianzado con bandas criminales locales que se disputan los territorios para la venta de drogas, y dejan rastros de sangre en las zonas más empobrecidas del país. En Esmeraldas, por ejemplo, durante 2018 varios atentados con explosivos se produjeron en un cuartel de San Lorenzo y Mataje, que dejaron catorce policías heridos y tres infantes de marina muertos, respectivamente. En Esmeraldas, ese mismo año, en Mataje, se dio por primera vez el secuestro de periodistas, algo nunca antes visto en el país. Un equipo periodístico de diario El Comercio, que realizaba un reportaje en la frontera, fue retenido y asesinado por el grupo criminal Frente Oliver Sinisterra.

Los sucesos que ocurrieron más adelante aún están frescos en la memoria de los ecuatorianos. Desde el 2021, por ejemplo, las cárceles han sido escenarios de motines que han dejado al menos 500 muertos, y en barrios como La Playita del Guasmo o el Cristo del Consuelo se han producido ataques con armas y explosivos que han cobrado la vida de más ciudadanos. Los crímenes políticos, pocas veces vistos en el país, también han provocado alarma desde el 2022, año en que a nivel nacional la Policía registró 4.603 muertes, y este Diario contabilizó 475 víctimas colaterales, 90 de estas fallecidas, entre ellas 31 niños. (I)

Cronología de hechos violentos

1 de marzo de 2008

El Ejército colombiano bombardeó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la zona de Angostura, de la provincia de Sucumbíos, causando la muerte de 25 personas. Entre ellos, Édgar Devia, conocido como Raúl Reyes, segundo comandante de las FARC.

8 de febrero de 2012

Wellinton Alcívar Quiñónez, abogado que pidió al entonces presidente Rafael Correa que se investiguen supuestos nexos entre carteles de droga de México y Colombia con algunos representantes de la Función Judicial de Esmeraldas, fue asesinado en su oficina, en el centro de Portoviejo, Manabí.

Wellinton Alcívar Quiñónez, abogado esmeraldeño, fue asesinado en febrero de 2012 en su oficina jurídica, en el centro de Portoviejo. Foto: Archivo

27 de diciembre de 2014

Danny Lino Estrada, de 34 años, fue asesinado con dos impactos de bala, mientras paseaba junto con su hijo y su exesposa, en un parque de El Recreo, de Durán.

1 y 2 de febrero de 2017

En 48 horas, un venezolano y dos ecuatorianos fueron baleados en tres sectores de Guayaquil, en Sauces 2, isla Trinitaria y barrio Garay.

27 de enero de 2018

Explosión de coche bomba dejó catorce policías heridos, en el cuartel de San Lorenzo, en Esmeraldas. Casi dos meses después, el 20 de marzo, tres infantes de marina murieron en un atentado con explosivos en Mataje, Esmeraldas.

26 de marzo de 2018

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de diario El Comercio, fueron secuestrados en el sector de Mataje, Esmeraldas, por el grupo criminal colombiano Frente Oliver Sinisterra, que operaba en la frontera norte. Luego de 18 días de incertidumbre, el 13 de abril, las autoridades confirmaron el asesinato de los comunicadores.

El conductor Efraín Segarra, periodista Javier Ortega y el fotoperiodista Paúl Rivas fueron asesinados en la frontera norte.

27 de enero de 2021

Efraín Ruales, presentador de televisión que había sido amenazado por referirse a una red de corrupción que operaba en hospitales públicos, fue asesinado cuando se movilizaba en su auto, en el norte de Guayaquil.

23 de febrero de 2021 - 23 de julio de 2023

En dos años y cinco meses han sido asesinados al menos 500 personas privadas de la libertad en más de una decena de amotinamientos registrados en cárceles de Guayaquil, Cuenca, Quito, Latacunga y Santo Domingo. Una de las masacres carcelarias, ocurrida el 28 de septiembre de 2021, cobró la vida de 125 internos que estaban recluidos en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil).

21 de enero de 2022

Cinco personas fueron acribilladas en una cancha de la Playita del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Hubo nueve heridos.

14 de febrero de 2022

Dos sujetos, que tenían antecedentes penales, fueron hallados colgados de un puente peatonal de Durán, Guayas.

11 de julio de 2022

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados desmembrados en unas fundas negras, en el norte de Machala, El Oro.

Cinco personas fallecieron tras una explosión registrada, en agosto de 2022, en el sector de Cristo del Consuelo, conocido como la 'calle 8', en el suroeste de Guayaquil. Foto: Archivo Foto: API

14 de agosto de 2022

La explosión de una bomba en el barrio del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, causó la muerte de 5 vecinos y otros 17 moradores resultaron heridos. Además, ocho casas y dos autos quedaron destruidos.

1 de noviembre de 2022

Cinco policías fallecieron y siete quedaron heridos en ataques y explosiones de coches bomba, en Guayaquil, Durán y Esmeraldas.

28 de enero de 2023

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de una urbanización del cantón Daule, Guayas.

30 de abril de 2023

Diez hombres fueron acribillados con fusiles en las calles Gómez Rendón y la 14, suroeste de Guayaquil.

23 de julio de 2023

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, y una deportista fueron víctimas de sicariato, durante un recorrido de obras, en el barrio 15 de Septiembre, de esta ciudad manabita.

9 de agosto de 2023

Fernando Villavicencio, exlegislador y candidato a la Presidencia, fue asesinado con tres impactos de bala al subirse en una camioneta, luego de participar en un mitin político organizado en el coliseo del colegio Anderson, en el norte de Quito. Hubo otros dos muertos y nueve heridos. (I)