El país tiene que ser ‘rescatado’ de la condición de ‘secuestro’ en la que, según expertos en seguridad, se encuentran algunas de sus comunidades, barrios y ciudades, en donde las organizaciones criminales mantienen en zozobra a su gente: los extorsionan, los asaltan, reclutan forzosamente a niños y adolescentes y hasta les arrebatan la vida. Es un escenario sombrío que puede cambiar, coinciden especialistas, con medidas urgentes para contrarrestar esta escalada de violencia que sigue creciendo, preocupa e indigna a los ecuatorianos.

Renato Rivera, Ph. D. en Derecho y Gobernanza Global, experto en seguridad y coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, recomienda reducir la tasa de homicidios con una serie de acciones, como la generación de investigaciones fiscales dirigidas a ‘golpear’ las economías criminales: “Aplicar la legislación que ya está vigente en el Ecuador, como la extinción de dominio, que lo único que busca es quitar el patrimonio criminal”. Esto, de la mano con inversión ‘agresiva’ en diferentes sectores con planes educativos, deportivos, proyectos sociales a largo plazo, salud e infraestructura para recuperar los espacios públicos.

“Esto no es solamente potestad ni de Policía, ni Gobierno central, debe articularse con la participación de muchos, el municipal especialmente, sociedad civil, academia, líderes barriales, organizaciones sociales”, refiere Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien sostiene que las unidades educativas deben ser vistas como espacios estratégicos para la “recuperación de territorios, que están tomados por la criminalidad”.

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En los planteles propone un equipo vinculado a organismos de la sociedad civil (Lab-Zona 8) que trabajan en el noroeste de Guayaquil, se pueden realizar campeonatos intercolegiales de deportes, actividades artísticas, generación de contenidos audiovisuales, murales, y trabajar con padres para prevenir y erradicar la violencia en sus hogares, en las instituciones educativas y en la comunidad. Estas propuestas las hizo la agrupación en noviembre pasado, en el marco del lanzamiento del plan estatal Escuelas Seguras, que contemplaba la vigilancia de 547 planteles y sus alrededores con 1.400 cámaras del ECU911 y patrullaje, para prevenir la violencia.

En el sistema carcelario, en cuyos recintos han sido asesinados al menos 500 reclusos en motines registrados entre febrero de 2021 y julio de 2023, el especialista Renato Rivera sugiere eliminar la ‘gobernanza’ criminal ejercida desde las prisiones con el uso de inhibidores de señal para cortar la comunicación con el exterior y con la investigación a los directores, guías penitenciarios y policías, para identificar y separar a funcionarios y agentes vinculados con estas estructuras delictivas.

En paralelo, el experto considera que se deben identificar y focalizar las zonas prioritarias en Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Quevedo, consideradas las ciudades más violentas. “Se necesita una intervención urgente y una respuesta integral de todo el Estado, y eso viene también acompañado de macroinvestigaciones. La Fiscalía debe desplegar los esfuerzos para tratar de reducir la planificación, el nivel de penetración del crimen organizado en estos sectores y así generar una estrategia que sea replicable en el país”, sostiene el experto, quien cree que si se empieza a trabajar en pequeños sectores es ‘altamente’ probable que el número de homicidios se reduzca.

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Si se aplican estas medidas, estima Rivera, se podrían ‘rescatar’ paulatinamente las ciudades: “Se puede evaluar en un año, en caso de aplicar esta estrategia de intervención territorial focalizada. Caso contrario, si es que se va a abarcar múltiples frentes y desplegados por todo lado, no vamos a ver resultados medibles en el corto plazo”.

A estas medidas, Billy Navarrete, director del CDH, sugiere la reformulación de la Policía Nacional y depuración de sus filas. También, reforzar las seguridades en los puertos con la implementación de los escáneres. “Nos preocupa que haya filtración, contaminación institucional de la seguridad estatal en relación al tráfico de drogas. Mientras eso continúe, nada va a poder cambiar, vamos a estar siempre maniatados”, agrega.

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Mientras, otros expertos consultados por este Diario coinciden en que hay que fortalecer el Ministerio del Interior, la Policía, el SNAI y todo el sistema de inteligencia, para reducir la ola de violencia que durante el primer semestre de este año 2023 -hasta el 2 de julio- ha causado 3.568 muertes violentas, el 74 % más que los asesinatos registrados en el mismo lapso del año pasado (2.042). (I)