Atentados a funcionarios judiciales son un ‘claro mensaje del crimen organizado’; 21 jueces tienen resguardo policial

La inesperada muerte de Nelson Yánez, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, estremece a los funcionarios judiciales. El magistrado fue asesinado el último jueves, con al menos diez disparos, cuando salía de su vivienda, ubicada en el centro del cantón perteneciente a Sucumbíos.

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La Policía y Fiscalía llevan adelante las investigaciones y hasta el momento no se ha informado sobre el posible móvil del asesinato ni quiénes serían los presuntos autores.

Es el primer caso en este año de un crimen perpetrado a un juez; en 2021 no hubo decesos de este tipo, según registros de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj).

Los magistrados, especialmente los que trabajan en la rama penal, son blanco de intimidaciones y amedrentamientos por diversos medios: llamadas telefónicas, cartas, ataques a sus vehículos, oficinas o viviendas, atentados con artefactos y coches explosivos, entre otros mecanismos.

“Nos encontramos bastante preocupados en cuanto a la inseguridad que se vive en las ciudades y en el país”, lamenta el juez Christian Quito, vocero de la Aemaj.

En lo que va del año, dice el magistrado, se han suscitado diez amenazas de bomba en unidades judiciales, como ha ocurrido en los complejos de Quito y Guayaquil.

Este accionar “es un claro mensaje por parte del crimen organizado, la delincuencia nos acecha día a día”, reflexiona el vocero de la asociación y recuerda que la seguridad de la población es una obligación del Estado.

Frente a amedrentamientos u hostigamientos a los operadores de justicia, ya sean jueces o fiscales, el Estado debe garantizar su protección, a fin de evitar que cualquier presión externa influya en el ejercicio de la función jurisdiccional, ya que el amedrentamiento limita el acceso a la justicia de los ciudadanos, explica Christian Quito.

El gremio de jueces reclama una respuesta efectiva y rápida del Estado cuando la vida de un magistrado corre peligro y solicita protección. No obstante, la respuesta puede demorar semanas.

Actualmente, el país cuenta con alrededor de 2.000 jueces en distintas materias (penal, laboral, civil, niñez). De ellos, un total de 21 magistrados tienen resguardo policial, por la sensibilidad de los casos que llevan, según la Aemaj.

La protección personal dura seis meses y se puede extender por un periodo similar, después de que la Policía Nacional realice un análisis del nivel de riesgo al que está expuesto el funcionario, explicó el vocero.

En mayo de 2019, el Consejo de la Judicatura (CJ) expidió el instructivo de seguridad individual para jueces de la Función Judicial. Aquí se establece el procedimiento que debe seguir un juez para que se le otorgue resguardo. La respuesta favorable, así como el número de agentes que se asignen para brindar seguridad, dependerá del análisis de riesgo que elaboren la Dirección General de Inteligencia de la Policía y el Ministerio del Interior.

El instructivo establece que se brindará protección de manera prioritaria a aquellos funcionarios que se encuentren en el conocimiento del cometimiento y sanción de infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), relativas a la eficiencia de la administración pública, el régimen de desarrollo, la administración aduanera, el régimen monetario y el sistema financiero. También cubre cuando se trata de delitos económicos, como el lavado de activos, delincuencia organizada y producción o tráfico ilícito de drogas.

La Aemaj ha hecho sugerencias para que se aceleren los tiempos de los trámites y que la normativa vigente contemple los actuales escenarios de violencia. Al respecto, la semana pasada se mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, a fin de atender la necesidad de protección de los operadores de justicia.

Asesinatos a fiscales

Funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) han corrido peor suerte que los jueces. El caso más reciente ocurrió el 15 de agosto, cuando el fiscal Federico Estrella llegaba a su casa en Babahoyo, Los Ríos, y dos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta le dispararon.

Estrella fue trasladado a un hospital de la localidad con pronóstico reservado. Al poco tiempo se confirmó su muerte.

Este suceso motivó a que la Fiscalía emitiera un comunicado en el que expresó “su enérgico rechazo” por la situación de violencia que contamina al país. La institución apuntó que es necesario contar con una estrategia efectiva para luchar contra la delincuencia y prevenir que más personas pierdan la vida. Además, hizo un llamado a que todas las funciones del Estado combatan el crimen de manera conjunta.

Tres meses antes de la muerte de Estrella se produjo el asesinato de la fiscal de tránsito Luz Marina Delgado, en Manta (Manabí), el 25 de mayo. Con ella fue victimado su acompañante, Jefferson Mendoza, a quien ella le pidió que la llevara a su lugar de trabajo porque su vehículo se había averiado.

El 18 de ese mismo mes también fue eliminado el exfiscal de Esmeraldas Juan Neira Jaime, con varios impactos de bala. Una semana atrás, el 6 de mayo, desconocidos intentaron acabar con la vida del fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo Alcívar.

En otro atentado, el 28 de julio, el vehículo en el que se transportaba el fiscal del Guayas César Peña recibió disparos cuando se movilizaba por la vía Naranjal-Balao.

Así como sucede con los jueces, los funcionarios de la Fiscalía son objeto de constantes amenazadas a su vida por los casos que llevan a su cargo.

Este Diario solicitó una entrevista con la Fiscalía General del Estado para tratar los casos de muertes y amenazas a los funcionarios de la institución, así como del resguardo policial a su integridad. La entidad se comprometió a conceder un espacio en los próximo días. (I)