7.878 crímenes en 2023, solo 584 resueltos: ¿Qué está pasando en Ecuador?

Ecuador terminó el año 2023 con un total de 7.878 crímenes ocurridos hasta el 31 de diciembre de 2023, según cifras oficiales, lo que significa una tasa de 46,5 asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos por cada cien mil habitantes. Es la tasa más alta de la historia nacional.

A esto se suma la preocupación por el elevado nivel de impunidad que existe, lo que da cuenta de un sistema judicial deficiente a la hora de resolver los crímenes.

De los 7.878 homicidios intencionales registrados entre enero y diciembre del año pasado, 584 han sido resueltos y 123 ya cuentan con boleta de captura de los presuntos responsables.

El número de casos resueltos o con boleta suma 707, lo que representa el 9 %.

Dicho de otra manera, el 91 % de los crímenes ocurridos durante el 2023 en Ecuador están en la impunidad aún bajo investigación. Uno de cada diez asesinatos del 2023 ha sido resuelto.

Más del 70 % de los crímenes de 2023 se concentran en estos 30 cantones

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, indica que la capacidad de resolución de casos llegaba al 30 % en 2018, es decir, el nivel de impunidad alcanzaba el 70 % de los casos.

“A medida que se dan más casos la capacidad de respuesta del Estado no ha ido de la mano con ese incremento. No hay una orientación de la política pública hacia el fortalecimiento de la investigación criminal y forense. El Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una institución que ha sido debilitada”.

Cinco provincias de la región Costa son las que registran porcentajes de impunidad por encima del 90 %.

En El Oro, por ejemplo, solo se han resuelto 28 de un total de 558, es decir, el 95 % de los casos están en la impunidad.

En Guayas, 230 de 3.709 (93,8 %) y en Manabí son 62 de 942 (93,4 %). Siguen Santa Elena (92,8 %) y Los Ríos (92,2 %).

Solo en la Zona 8 (que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón) se reportaron 2.752 crímenes hasta el 31 de diciembre de 2023 de los que 2.586 están bajo investigación, 157 fueron resueltos y 9 registran boletas de captura.

El penalista Julio César Cueva asegura que las provincias costeras que registran las tasas más altas de muertes violentas son las que tienen los mayores niveles de impunidad en Ecuador: “Todo esto significa que los niveles de violencia están vinculados al tráfico de drogas, porque en volumen estas salen por las costas. Es claro que estas tasas de violencia se han exacerbado en los últimos años debido al crimen organizado.

La impunidad responde a los cuellos de botella que pueden presentarse a raíz del crimen. A nivel de la investigación está la Policía, que si no captura a los supuestos responsables, estos no pueden ser procesados. “Si la Fiscalía no hace un dictamen acusatorio no pueden ser juzgados, y en la parte jurisdiccional son los jueces que si no hay las pruebas o por la corrupción no condenan a los acusados”, dice Cueva.

El alto nivel de impunidad responde a dos factores, agrega el especialista. El primero es la falta de personal para investigar los crímenes. “No terminan de hacer una autopsia y ya tienen diez más que hacer, no se alcanzan”.

La Fiscalía General del Estado ha solicitado 400 fiscales más que se unan a los procesos de investigación para poder resolver un mayor número de casos.

El segundo aspecto es que no hay un interés real por esclarecer la mayor parte de los casos porque responden a las disputas entre las bandas del crimen organizado en torno al tráfico de drogas.

“Lo que la Policía dice entre líneas cuando afirma que es ajuste de cuentas entre bandas o por el territorio es que no les interesa mucho descubrir quién mató a quién, porque el muerto tenía vínculos con tal banda y lo más seguro es que otro criminal fue el que lo mató”.

Las cinco provincias con los mayores niveles de impunidad

‘Si un sicario mata a otro, sigue uno vivo libre que no solo mata a delincuentes’

El problema de esa respuesta que Cueva califica de “conformista” es que los asesinos y sicarios involucrados en los crímenes relacionados con la mafia son los que también actúan con las mismas armas en las extorsiones, secuestros y provocan las muertes colaterales.

La muerte de la madre y sus cuatro hijos en diciembre último en el Guasmo, en el sur de Guayaquil, es una muestra de las víctimas colaterales en torno al ajuste de cuentas entre bandas.

“Como toda empresa, el crimen organizado busca diversificar sus ingresos. Entonces tienen las armas y poder, con las primeras custodian las drogas y cuando no están en esa actividad utilizan esas mismas armas para robar en los semáforos, extorsionar en el vecindario o para secuestrar”.

La logística, las armas, el personal y parte de los recursos no solo se utilizan para el narcotráfico, sino también para la extorsión y otros delitos. “El problema es que si un sicario mata a otro, hay uno que sigue vivo y además está libre. Este no solo mata a delincuentes, sino que comete delitos que sí afectan directamente a la ciudadanía”.

En Estados Unidos, dice Cueva, existe una unidad que analiza los denominados casos fríos para no generar justamente la sensación de impunidad dentro de la sociedad y la gente se cuide de cometer delitos. “Esta se dedica a resolver los casos de hace 20 años utilizando la tecnología actual, por eso preservan la evidencia. Aquí el mensaje es no importa cuánto sea la demora, en algún momento el brazo largo de la ley te va a llegar, pero en Ecuador sucede todo lo contrario y se actúa impunemente”.

En un segundo grupo están las provincias que registran porcentajes de impunidad que van del 90 % al 80 %. Estas son Esmeraldas (88,8 %), Bolívar (87,5 %), Santo Domingo de los Tsáchilas (87,4 %), Orellana (85,2 %), Cañar (82,9 %) y Sucumbíos (82,2 %).

En un tercer grupo están las que tienen un porcentaje de no resolución de casos, que van del 79 % al 51 %. Aquí están Pichincha (77 %), Azuay (75,5 %), Carchi (75 %), Morona Santiago (73,3 %), Pastaza (66,7 %) y Tungurahua (65,6 %).

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Solo seis provincias que están en las regiones Sierra y Oriente tienen un porcentaje de impunidad del 50 % o por debajo. En su orden son Chimborazo (40,9 %), Imbabura (45,8 %), Napo (46,7 %), Cotopaxi (46,9 %), Loja (50 %) y Zamora Chinchipe (50 %).

En tanto, Galápagos es la única provincia del país que no registró crímenes durante el 2023.

Son pocos los casos en los que los familiares o allegados del asesinado aparecen de forma pública exigiendo justicia o dando seguimiento al proceso judicial.

Uno de ellos es el asesinato del dirigente indígena cofán Eduardo Mendúa, ocurrido el 26 de febrero de 2023 en la comunidad de Dureno, en la provincia de Sucumbíos.

Su sobrina Machoa Mendúa ha aparecido en medios comunitarios exigiendo justicia y hace seguimiento a la investigación judicial.

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El miedo y las represalias también inciden al momento de hacer seguimiento judicial a los crímenes, los que deben ser investigados por oficio, lo que implica que no se necesita una denuncia.

Las provincias costeras que tienen la mayor impunidad también registran una alta tasa de crímenes, entonces concentran los delitos de muertes violentas vinculadas al crimen organizado. Todo ello complica la resolución de los casos.

Rivera señala que hay una mayor participación de jóvenes y adolescentes que cometen sicariato, lo que explica las víctimas colaterales que surgen de la inexperiencia de los tiradores. “No estamos tratando de entender ese entorno de criminalidad que capta cada vez más a estos jóvenes. Esto debe generar un nuevo círculo de investigación que se tiene que hacer más allá del tradicional”. (I)