La primera encuesta sobre casos de extorsión empresarial deja datos preocupantes. La investigación fue difundida por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), realizada por una empresa encuestadora y Usaid. Fue realizada entre septiembre y diciembre del 2023.
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Los principales hallazgos fueron que en 2023, tres de cada diez empresas fueron extorsionadas. De ellas, el 40 % no denunció el delito especialmente por la baja confianza en las instituciones encargadas de investigar y judicializar el delito.
El 75 % de las víctimas indicó haber sido extorsionada más de una vez, principalmente por llamadas telefónicas o medios electrónicos como correos y otros. La promesa u oferta de protección a cambio de dinero se concentra en su mayoría en empresas medianas y grandes, mientras disminuye en empresas pequeñas.
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Además, en siete de cada diez casos los extorsionadores se identificaron como parte de una organización criminal.
En la región Costa, el temor al secuestro es el más elevado a nivel nacional; en la Sierra, la industria manufacturera y de turismo han sido las más afectadas por la delincuencia en el último año. En la Amazonía, el comercio y el transporte reportan el mayor número de casos de extorsión en esa región.
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Además, el 90 % de los empresarios percibe a las extorsiones como el principal problema para su seguridad.
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Renato Rivera, director del OECO, sostuvo que intentaron hacer una aproximación de cuánto estarían pagando las empresas a las organizaciones criminales, pero muchas no quisieron responder.
Agregó que no solo que no hay denuncias porque consideran que no va a pasar nada, sino también porque algunas de las compañías no saben cuáles son los canales de atención.
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Sostuvo que la Policía pide denunciar a través de 1800 DELITO, pero cuando se hace una llamada se pide que la persona vaya a la Fiscalía.
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Las extorsiones, agregó, en zonas obreras como Durán, por ejemplo, donde hay fábricas pequeñas, se pueden llegar a convertir en un impuesto criminal por el control territorial.
Si esto llega a plasmarse -opinó-, la rentabilidad podría llegar a ser mayor que el microtráfico, porque quienes están en mandos medios no reciben necesariamente las utilidades del tráfico de drogas.
A su criterio, es un nuevo mecanismo de ingreso de economías ilegales.
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En la capital, según Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), se aplicó una encuesta entre sus afiliados. En diciembre del 2023, el 25 % reportó haber sido objeto de las denominadas vacunas, mientras que en febrero bajó al 17 %. Ese gremio tiene 7.000 afiliados.
En las tiendas de barrio, agregó Rivera, las organizaciones criminales tienen el mismo nivel de autoridad que los gobiernos locales. Esto es porque cobran un impuesto o derecho de piso a cambio de protección.
Rivera indicó que se lo observa en ciertos sectores marginales donde el Estado está perdiendo el control del uso de la fuerza.
Algunas sugerencias hechas por Rivera son la de fomentar el diálogo y la confianza desde las instituciones estatales, como acercamiento de la Policía con los tenderos para obtener información.
También gestionar una estrategia contra la extorsión que sea integral.
Además, que haya controles a la adquisición de líneas telefónicas desde el punto de vista legislativo con la verificación de los usuarios, y mejorar la manera de denunciar con el uso de aplicaciones. (I)
