La salida de prisión de Júnior Roldán Paredes, alias JR o Júnior, para cumplir arresto domiciliario, “podría desatar episodios de violencia e irracionalidad que ya se han vivido en el interior de los centros penitenciarios”.
Así lo expresó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, luego que el juez Pedro Moreira, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, concedió el recurso de habeas corpus a uno de los líderes de la organización criminal Los Choneros.
Alias Júnior tiene una condena de 22 años por el delito de asesinato y estaba recluido en la cárcel Regional de Guayaquil. Ahora, con el fallo judicial, deberá seguir con la sentencia en su vivienda, ubicada en el cantón El Triunfo, en Guayas.
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Inicialmente, el 20 de abril, el juez Moreira concedió de forma parcial el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del sentenciado; con esto se permitió que alias Júnior saliera de prisión hacia el hospital Abel Gilbert Pontón, hasta que mejore su salud.
Pero el magistrado cambió su decisión el 22 de abril, dejando que el líder de Los Choneros sea trasladado a su domicilio y no a la casa de salud.
El ministro del Interior arremetió en contra del juez, aseguró que la decisión adoptada “es cuestionable” y adolece de varias irregularidades.
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Carrillo señaló que el argumento del magistrado fue que alias Júnior requiere atención médica especializada, pero “no hay evidencia alguna de haber realizado el análisis documental, fáctico y probatorio respectivo que motiva el cambio de su decisión inicialmente declarada”, remarcó el ministro.
Según Carrillo, de manera injustificada el juez Moreira sostiene que alias Júnior “se encuentra en riesgo de muerte”, debido al “deficiente servicio de salud” dentro de la cárcel o por “la desprolija protección a su vida”.
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El titular del Ministerio del Interior insistió en que no se han probado las razones que motivaron el fallo. Además, enfatizó que la causa original por la que se otorgó el habeas corpus parcial –por un riesgo al derecho a la salud– cambió sin sustento a otra causa diferente: desprolija protección a la vida.
“El juez cambia totalmente su decisión y dispone, ilegalmente, que el traslado originalmente dispuesto desde el Centro de Rehabilitación Social N° 4 hasta el hospital ya no se lo haga, sino que en su lugar dicta arresto domiciliario, sin documentar, correspondiente y suficientemente, si en el domicilio señalado existe la infraestructura médica a la de un hospital, lo cual, obviamente, resulta imposible”, enfatizó Carrillo.
Agregó que la decisión judicial no se ha fundamentado en informes que den cuenta de la falta de atención médica en el hospital, tampoco cuenta con informes oficiales del Ministerio de Salud ni se ha dispuesto que se realice una evaluación de riesgos para descartar una posible fuga del sentenciado.
Carrillo exhortó al Consejo de la Judicatura a que adopte “medidas correctivas y disciplinarias” sobre lo que calificó como un “nuevo episodio de abuso del derecho en el otorgamiento de habeas corpus”. (I)
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