El desbordamiento de la violencia en el país, tras los actos terroristas del 9 de enero, la está contrarrestando el Gobierno con la declaratoria de conflicto interno nacional -que ha permitido el control militar en las calles y más de 1.500 detenidos- y con acciones del plan Fénix, que incluye la construcción de cárceles en Santa Elena y Pastaza, la deportación de 1.500 reos, la compra de armas y uniformes para las fuerzas de seguridad, y la creación de un centro de inteligencia.
Pero estas medidas son una ‘solución inmediata’, que a largo plazo “no frenaría” la violencia que sufre el país, considera Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional, quien sugiere: “Inteligencia territorial para armar una estructura de líderes territoriales, que puedan entender la necesidad de territorio, la desocupación que viven los jóvenes y qué necesidad podemos suplir para que no entren en las bandas delincuenciales”.
Publicidad
Con programas de educación y cursos cortos de oficios se podría -añade Sevillano- adquirir destrezas y “cambiar la mentalidad al joven” para que se sientan útiles: “Teniendo al pueblo ocupado, un joven trabajando, siendo emprendedor, los niveles de violencia bajarían a nivel territorial”. Las bases se pueden asentar, asegura, en unos seis meses y en unos cuatro años se podría, afirma, obtener resultados.
La criminalidad sorprendió a una ‘débil’ institucionalidad en el área de la seguridad
Con Sevillano coincide el historiador Freddy Avilés, quien cree que se necesitan no solo medidas de represión sino también de prevención en áreas como la salud, educación, vivienda. “Ese es un plan a largo plazo, el crimen organizado no va a desaparecer de la noche a la mañana, a los jóvenes los están reclutando porque faltan políticas sociales en los sectores más empobrecidos del país. El crimen organizado es el que tiene la plata y seduce a los jóvenes que no tienen futuro”.
Avilés considera, también, que el Estado debe mirar las debilidades que permitieron el surgimiento del terrorismo para así recuperar la seguridad, como parte de un proceso a largo plazo: “Hay que darle presupuesto a las entidades de seguridad, es lo primero, tecnificarlas; hay que depurar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la Función Judicial, para que si cogen preso a un delincuente un juez comprado no le vaya a dar la libertad, para que los operativos funcionen sin que alguien desde adentro de la Policía les avise a la mafia”.
Daniel Pontón, experto en seguridad y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), recomienda retomar el control de las cárceles físicamente y estratégicamente al, por ejemplo, eliminar las comunicaciones para que dejen de ser un ‘epicentro’ de la criminalidad del país: “Si el Estado controlara medianamente la comunicaciones carcelarias no se hubiese podido orquestar lo que pasó esta semana (del 9 de enero)”. También, el experto considera prioritario capturar a los cabecillas, identificar los objetivos e iniciar una lucha implacable contra la corrupción y la impunidad.
Publicidad
‘Yo me escondía para fumar, hoy fuman de frente’: las cuatro generaciones de la cocaína en Ecuador
Mientras que Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, sugiere reforzar la política del sistema antilavado del país, que -a su criterio- es actualmente ‘deficiente’, por el promedio de una sentencia condenatoria al año por lavado de activos: “Hay que golpear a las economías ilícitas y eso es algo que el Estado aún no lo hace”.
Además, Rivera cree necesario el incremento de guías penitenciarios, análisis patrimonial de directores y guías penitenciarios, la rotación de este personal dentro de las prisiones -similar a la que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía para evitar corrupción- y la rehabilitación social de aquellos que están en prisión preventiva o delitos menores para “evitar que aquellos delincuentes formen parte de organizaciones criminales y siga ese círculo de reclutamiento y de crecimiento de las organizaciones criminales”. Al momento, 22 agrupaciones delictivas han sido catalogadas como ‘terroristas’, en el decreto presidencial 111, firmado y publicado el 9 enero, tras la jornada violencia registrada la tarde de ese día. (I)