En diciembre pasado, Stuardo Ralón Orellana, comisionado y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitó el complejo penitenciario de Guayaquil. Allí, en una visita que considera que no fue normal y donde no pudo entrar a lo más íntimo de los pabellones, palpó una situación “trágica”.

Este abogado constitucionalista de Guatemala, experto en derechos humanos, dice que el colapsado sistema carcelario de Ecuador –que en el 2021 registró 316 muertes en 8 incidentes– necesita de un plan integral, que vaya más allá de medidas aisladas.

¿Qué percepción se llevó la comisión de la CIDH tras las visitas que realizaron a los centros penitenciarios de Ecuador?

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Nos llevamos dos percepciones. La primera, de las reuniones que tuvimos con diferentes autoridades no solo del Ejecutivo, sino también del poder judicial, es que hay una voluntad de las autoridades de Ecuador de enfrentar de manera transversal la crisis carcelaria. Y la otra situación que nos llevamos es de una situación dramática, trágica, en la cual perdieron la vida muchas personas y que merecen la atención urgente para que las violaciones de derechos humanos que se siguen dando en los centros carcelarios no se prolonguen más tiempo.

¿Por qué consideran ustedes que el sistema penitenciario está colapsado?

A mí me correspondió hacer la visita en el Centro de Detención Guayas, lo que encontramos allí es un macrocentro de detención que tiene una elevada complejidad de poderse administrar correctamente, para garantizar que no ocurran los hechos de violencia, se necesita un despliegue grande en aspectos de seguridad, capacitación, e incluso para respetar uno de los estándares interamericanos de que no confluyan dentro del mismo perímetro de este macrocentro, por ejemplo, el centro de detención de mujeres que estuvo a un costado de distintos pabellones donde se llevaron a cabo varias masacres. Al entrevistarnos con las propias autoridades penitenciarias percibimos que este modelo requiere de un esfuerzo de reenfocar la política criminal, de una amplificación muy probablemente de leyes, de una correcta aplicación de criterios judiciales para no abusar de la prisión preventiva y de un esfuerzo muy importante del organismo ejecutivo en materia penitenciaria. Si no se hace en manera simultánea, se pueden volver a repetir hechos tan graves como los que han ocurrido.

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Ustedes recomiendan separar a los internos con complejidad y con medidas ciertamente restrictivas para evitar conflictos.

Lo que indicamos es que según el nivel de peligrosidad, de la condena, pues debe haber los parámetros de seguridad, respetando los criterios de un trato digno que toda persona tiene que tener, pero que no pueden exponerse a personas que pueden estar en una situación menor o de manera accidental o fortuita, porque nadie está libre en un momento de que, por ejemplo, por un percance automovilístico tenga que ser llevado a un centro de detención. No puede estar en una misma área. De hecho, en el 2021 conocimos de voces de familiares de víctimas, de personas que perdieron la vida por estos tipos de enfrentamientos y eran personas que estaban detenidas por hechos fortuitos o accidentales. Eso genera una tragedia para la vida de los familiares.

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En estos ocho eventos que generaron 316 muertos, ¿encuentran que hubo violaciones de derechos humanos?

Sí, hubo graves violaciones de derechos humanos, hubo hechos que no solo causaron la muerte, hubo ensañamiento y una violencia desmedida en estos pabellones, algo inhumano. Son hechos que no deben repetirse, por eso hacemos un llamado a una reforma urgente y transversal con lo que tiene que ver con el sistema penitenciario.

¿Qué derechos son los que principalmente se violaron?

El derecho a la vida, a la integridad de personas. Pero cuando uno se adentra a lo interno hay otros derechos, recordemos que esto se ha dado en pandemia. Derechos propios que merece cada persona, de contar con alimentación adecuada, acceso a temas de medicamento, salud.

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Hay familias de víctimas que podrían demandar al Estado por estas violaciones.

Es probable que ellos planteen una acción contra el Estado. Acá perdieron la vida unas personas que estaban por una situación fortuita en unos pabellones específicos. En caso de que el Estado por alguna razón en sus procedimientos o en la manera de abordar los casos no haya un resarcimiento correcto o integral, para ello existe el sistema Interamericano y la Comisión, agotadas las instancias internas. Pero en este enfoque de la visita fuimos claros con las autoridades, que el ánimo que teníamos era darle una asistencia técnica, de colaborarles de conocimiento y manejos de estándares propios para los centros de detención, vemos una apertura.

En Ecuador se conoce que los pabellones son controlados por bandas. En el informe notan aquello. ¿Cómo el Estado podría retomar el control?

Sí, lo percibimos en la visita, no fue una visita normal donde accediéramos a los pabellones hasta la parte final, porque las condiciones de seguridad no eran las óptimas, pero sí nos entrevistamos con algunas personas que eran parte del conflicto de estas bandas. Uno de los temas que se dan en estos círculos de poder es que se debe analizar bien la parte de personal que está a cargo, analizar algunos temas de traslado y separaciones, ser rigurosos en que no existan focos de corrupción que permitan el ingreso de armas, que permitan el ingreso de sustancias ilícitas, que generan un ambiente alejado que es un centro de detención. Recordemos que el Estado está a cargo de la seguridad de las personas detenidas en su jurisdicción. Son una serie de medidas que se deben tomar, unas en infraestructura, en personal, de integridad de los procesos y ataque al fenómeno de la corrupción.

¿Creen que esa estructura montada por las bandas dentro de las cárceles cuenta con complicidad de autoridades penitenciarias y fuerzas del orden?

Pudimos detectar que los procesos de control o de ingreso para que puedan existir armas o sustancias o elementos no permitidos en las cárceles están comprometidos, porque la única explicación para que haya armamento de alto poder en lo interno es que está fallando esa cadena de control. Es algo que debe tener una revisión completa y arrancarse con una metodología nueva para que no falle. Pero sin duda han existido fallas. Los ataques que se dieron en el interior, las muertes, fueron con armas que están prohibidas y que no debieron estar en los centros de detención.

¿Falta una política integral en el sistema penitenciario de Ecuador?

Creemos que sí, pero creemos que debe ir más allá. No solo una política integral. El enfoque de una política criminal, algo que se debe discutir es qué delitos deben tener prisión preventiva y cuáles no. Y de la prisión preventiva no debe haber un abuso de ella para que no exista hacinamiento y debe haber mecanismos de revisión. El hacinamiento genera las condiciones.

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El Gobierno trata de levantar un censo penitenciario, ha formado una comisión, ha propuesto indultos para terminar el hacinamiento. ¿Son medidas suficientes o se necesitan más medidas eficaces?

Mandan un mensaje importante de querer abordar la gravedad de la crisis, pero se necesita que el enfoque sea integral, que no sean medidas aisladas. De hecho, parte de la asistencia técnica que podemos brindar es que estas medidas estén conectadas a un plan integral de la mejora de los centros penitenciarios. El no tener un plan nos puede llevar a que ciertas medidas aisladas tengan un impacto parcial, pero que no eviten que las graves situaciones que ocurrieron vuelvan a repetirse. Hay que plantearse es si el modelo de los macrocentros penitenciarios funcionó o no en Ecuador, son temas que hay que analizar.

Ustedes hacen una serie de recomendaciones, pero ¿cuáles son las más urgentes?

Creería que hay varias urgentes, pero una es toda la parte de seguridad y de verificación de la integridad de los procesos de seguridad en cuanto al ingreso de personas y alimentos para evitar que no se ingresen, por ejemplo, sustancias ilícitas, armamento y objetos que no deben estar en los centros penitenciarios. Y la otra medida urgente es el censo, que permite tener una radiografía de quiénes son las personas detenidas, de qué edades, de tales delitos, cuántos con sentencia, el censo da una radiografía que permite tomar mejores decisiones y el otro es un esfuerzo legislativo para que no se abuse de la prisión preventiva.

¿Qué esperan como comisión tras la difusión del informe?

Que el Estado, como nos ha manifestado, continúe con la apertura, especialmente el Gobierno nos manifestó su intención de liderar, que se haga un plan integral y allí está el ofrecimiento de una asistencia técnica. Nosotros queremos colaborar con Ecuador para que se pueda ir resolviendo el problema de la crisis penitenciaria. (I)