Conflicto armado interno: ¿Qué piden los militares a la ciudadanía en la lucha contra el terrorismo, la extorsión y otros delitos?

De forma anónima, sin dar nombre, número de cédula o dirección domiciliaria, la ciudadanía se puede acercar a los destacamentos militares de todo el país y hablar con los jefes para darles información que pueda ayudar a atrapar a extorsionadores, terroristas, delincuentes y asesinos.

“Hay un canal abierto para estas denuncias”, así lo aseguró el contralmirante Enrique Aristizábal, jefe del Comando de Operaciones Occidental n.º 2, y quien actualmente está a cargo de las operaciones de los militares en Guayas, Manabí, Santa Elena y parte de El Oro.

El uniformado pide que la gente de los barrios que han sido afectados por delincuentes y ‘vacunadores’ (extorsionadores) los denuncien porque sostiene que están activando labores de inteligencia en esta nueva etapa de la intervención militar que continúa, mediante el decreto ejecutivo 218 que “reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en el país”.

“Necesitamos que nos digan dónde están los ‘vacunadores’ o secuestradores. Si tienen fotos, videos o números telefónicos mejor para hacerles seguimiento y hacer operaciones más direccionadas”, dice Aristizabal, quien se muestra preocupado porque hay zonas donde hasta el conductor de la tricimoto o la señora que vende morocho en una esquina tienen que pagar una cuota a las bandas para evitar ser atacados.

Quienes sean víctimas de extorsión o secuestro tienen tres opciones para reportar la situación. Una es llamar al ECU911 o comunicarse a las líneas telefónicas 1800-DELITO (335486) o al 131 Plan de recompensas.

Él sostiene que están reemplazando los controles de armas en algunas zona no críticas por estas labores investigativas, pues destaca que hay sectores donde hubo una reducción de hasta el 50 % de delitos durante el estado de excepción vigente entre el 8 de enero y 6 de abril a nivel nacional, régimen en el que ejecutaron operativos conjuntamente con la Policía Nacional.

“Había zonas donde antes no se podía ingresar y ahora inclusive el señor presidente ha ido”, dijo el militar oriundo de Quito.

Kléver Carrión, abogado, policía en servicio pasivo y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), considera que fortalecer los canales de inteligencia es la mejor estrategia porque cree que los operativos se hicieron muy previsibles en los últimos días de la medida que rigió del 8 de enero al 7 de marzo.

“Los operativos son visibles y los delincuentes tienen personal de avanzada que les indican que paren. Por eso únicamente se atrapa a delincuentes pequeños. Los que tienen logística no son detenidos”, dice el policía que en 1994 fundó la Unase, la unidad policial con mayor grado de efectividad del país.

Carrión, quien ahora se desempeña como abogado en libre ejercicio, manifiesta que los operativos no sirven para nada más que afectar a la ciudadanía. Comenta que las calles están atiborradas de agentes de tránsito, delincuentes, políticos y uniformados que son los que más circulan con vidrios polarizados o sin placas.

Daniel Pontón, experto en seguridad, también dice que los operativos en las última semanas fueron perdiendo efectividad y no cree que sea tan fácil que la población entregue información a los militares sobre las bandas y delincuentes de sus sectores.

El experto explica que los militares suelen actuar bajo “una lógica de ocupación de un territorio”, una filosofía que si bien puede contener los grandes focos de violencia, pueden convertir determinadas zonas en “una guerra permanente” si no se acompaña con otras actuaciones estatales.

“Bajo el concepto de ocupación de territorios estamos destinados a tener una guerra permanente, porque la población se siente ocupada y no legitima esa acción militar y los militares tampoco confían en esas poblaciones. En esa especie de rechazo mutuo el que pulula es el crimen organizado”, refiere el experto.

Las cifras son alentadoras

En algunos distritos de Guayaquil las muertes violentas se redujeron en un 40 % durante el estado de excepción respecto al año 2023. Hubo 371 crímenes en Guayaquil entre enero y marzo del 2024 versus los 609 casos durante el primer trimestre del año pasado

Un promedio de 5,8 muertes violentas por día hubo en la Zona 8 en las últimas dos semanas de estado de excepción

El contralmirante Aristizábal destaca que las muertes violentas, los sicariatos y delitos en general han disminuido en el país tras el estado de excepción, tiempo durante el cuando se detuvo a 628 presuntos terroristas que fueron entregados a las autoridades para su judicialización.

Aunque no conoce cuántos de ellos están presos actualmente, dice que espera que los jueces y fiscales estén haciendo un buen trabajo porque considera que el conflicto armado interno es responsabilidad de todos.

El uniformado dice que la mayor lucha no es contra la delincuencia, cree que el gran mal que tiene el país es la corrupción, la narco corrupción, la venta de conciencias.

“La venta de jueces, fiscales y de miembros de instituciones es grave”, advierte el jefe militar. (I)