El Gobierno ‘está tocando puertas’ para elegir al nuevo proveedor de la alimentación en las prisiones y zanjar así el sismo que enfrenta por la falta de la comida en los centros de rehabilitación, los reclamos de los familiares de los privados de libertad, las presiones de los organismos de derechos humanos y hasta las manifestaciones que realizan los empleados despedidos de la empresa Lafattoria, que desde 2012 se había encargado de este servicio.

“Nadie está interesado, pero siempre en estos líos sale alguien que empieza a vender humo”, señala el presidente del grupo Riasem al que pertenece la empresa Lafattoria S. A., Richard Villagrán, quien advierte la importancia de vigilar la selección del nuevo contrato.

¿Hoy cuál es la situación de Lafattoria?

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Es una situación trágica, porque se han perdido 420 puestos de trabajo. Hoy, de nuestros 1.200 trabajadores, hemos tenido que despedir a 420 colaboradores. En paralelo, las demandas que empezamos a tener de nuestros proveedores, como Pronaca, Nutrileche, Superior, que le debemos un poco más de $ 18 millones. Van pasando los días, no tenemos cómo liquidar a nuestros trabajadores, porque entenderá que son trabajadores de muchos años, no tengo cómo liquidarlos en este momento, porque el Estado no nos paga, y no solamente eso, sino que están buscando declararnos como proveedor incumplido para ver la forma de no pagarnos. Es una situación muy compleja, sin mencionar cómo destruyeron nuestra reputación sin tener un gramo de evidencia.

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Ustedes suspendieron en Guayas, ¿en las otras cárceles sí entregan?

El país está dividido en tres zonas. La zona 1 es el norte del país, de esa zona nos retiramos el 30 de abril; la zona 2, sur del país, lo tiene otro proveedor, que entiendo que sí les están pagando; y la zona 3, todo Guayas. Yo tenía la zona 3 y la 1. Entre las zonas 3 y 1 hay 25.000 privados de libertad (PPL). Hoy, 25.000 PPL no están comiendo adecuadamente.

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¿Estos $ 30 millones data de hace cuántos meses?

La deuda está dividida en dos partes: $ 10 millones aproximadamente son del servicio de alimentación a las personas privadas de libertad desde el mes de noviembre del año pasado (2023) y $ 20 millones del desayuno escolar, que es aproximado de diciembre del año pasado (2023).

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¿Cómo Lafattoria siguió trabajando con estas deudas acumuladas? ¿Tenía un capital para responder a estos gastos? ¿Por qué ahora tienen que despedir empleados? ¿No hicieron provisiones?

Históricamente los gobiernos nos han adeudado más o menos de tres a cuatro meses. El Gobierno no nos decía que no nos iban a pagar, el SNAI nos decía que ‘sigan nomás, que ya les van a pagar’ (…) y eso no solo es con nosotros, es con todos los proveedores del Estado. La diferencia es que el presidente tiene algo en contra de nosotros, esa es la diferencia.

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¿Y qué es lo que tiene en contra de Lafattoria?

Yo creo que el presidente estuvo malinformado por el ministro de Gobierno y el Centro de Inteligencia. Los presidentes no revisan la información, a los presidentes les llega la información. Si él sale en cadena nacional a hablar mal de nosotros, él no se va a retractar, ha pasado un mes y medio, ¿usted ha visto en las noticias algún tipo de evidencia?

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¿Lafattoria ha sido llamada a declarar por la Fiscalía?

Absolutamente nada.

¿La Fiscalía les ha pedido información?

Nada. El presidente sale diciendo que nosotros hemos comprado agua a la empresa Queenwater, que presuntamente es de Los Choneros. Pero así, con nombre y apellido. Ahí yo mando una carta diciendo: ‘Sr. presidente, jamás le hemos comprado una botella de agua a esta empresa, por favor, verifique. Qué tan difícil es llamar al Sr. Daniel Larco (director del SRI) y decirle: ‘mándame ahorita los clientes de Queenwater’, eso son 5 minutos.

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Si la alimentación de las cárceles es un problema para muchas empresas en el país, ¿cómo Lafattoria sí se arriesga a dar este servicio al SNAI?

Nosotros fuimos pioneros en el servicio de alimentación penitenciaria. Yo tengo 28 años en este negocio. Yo soy cocinero, soy chef, y yo me arriesgué durante doce años, y nos especializamos para poder hacer esto. Y no solo esto, sino que desde 2017 reinvertimos todas las utilidades en el país, industria panadera, industria arrocera, industria logística, distribución de consumo masivo, para poder atender no solo a las cárceles, sino también al cliente privado. Somos una empresa reconocida en el mercado. Son 1.200 puestos de trabajo, 1.200 liquidaciones, es un tema muy muy complejo y no de un día a otro puedo decir: ‘ah, me voy, chao’; no pues, hay una responsabilidad, una inversión, una confianza, una reputación, y de un momento a otro sale un presidente y la destruye.

De los 420 puestos de trabajo que se han perdido, ¿cuántos son personas privadas de libertad?

128, el resto son civiles.

En su red de proveedores, ¿no es posible que se haya filtrado alguno que tenga vínculos ilícitos?, ¿cuáles son los controles rigurosos que hacen para elegir a un proveedor?

Nosotros estamos certificados con ISO 22000 y con BASC, eso es comercio seguro. Además, tenemos nuestro departamento donde nos aseguramos de hacer una radiografía a cada uno de nuestros proveedores, aseguramos su pasado, su reputación, hacemos visitas técnicas, GPS, mapas de calor, pero ¿por qué lo hago?, para cuidarnos, para que el día de mañana nadie salga y diga: ‘mire, aquí está una foto’. Yo he entrado 57.000 veces a los centros de privación de libertad en doce años. Yo le pregunto: ¿usted ha visto una foto, denuncia, demanda, un parte, alguien preso? Nada. Pero sí ha visto militares, policías, directores del SNAI presos por vínculos con el narcotráfico. ¿Usted ha visto a algún trabajador mío, a un gerente mío? Jamás, porque si hubiese sido así hace rato todos los diarios del país lo hubiesen publicado, qué mejor evidencia que eso.

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¿Qué le espera a Lafattoria en adelante?

Yo lo veo difícil, sobre todo la alimentación de los privados de libertad. Es importante que estén pendientes de a quién van a darle en esta emergencia este problema. Es importante, porque sé que han estado tocando puertas y es importante saber a quién se lo van a dar. Hasta el momento, y lo dije desde un principio, nadie está interesado, pero siempre en estos líos sale alguien que empieza a vender humo. Los nuevos proveedores de la cárcel que le vayan a dar el servicio es importante saber quiénes son ellos. Nadie va a tener los cuidados que tengo yo como empresa, asegurarse de que nada se filtre, que haya candados satelitales, vigilancia 24/7, perros, detectores de metales, nadie va a hacer eso, porque no hay una empresa especializada. Nosotros jamás dejamos pasar pero ni un alfiler, ni un alfiler. Ahora, hay que estar muy atentos a las cámaras de la entrada a las cárceles. Nosotros mensualmente entregábamos una bitácora al centro de inteligencia del SNAI.

¿Esos controles les pedía el SNAI?

Nosotros lo hacemos por certificación, bitácora de cada uno de mis trabajadores, placas de camión, horas, trazabilidad, toda la información impecable se la hemos entregado mes a mes. No me lo han pedido, durante años lo hemos hecho, mes a mes los hemos bombardeado con correos, ¿para qué?, para que mañana no digan: ‘ve, aquí hay un camión igualito a la empresa’. Esto es importantísimo, yo tengo centralizados por certificación los permisos, no es que mañana un coordinador mío genera un permiso ‘ah, que va a entrar el camioncito 0024 a la cárcel’, no, no. Eso no se puede, eso está centralizado, una sola persona que es revisada 24/7 es quien solicita el permiso al director, no es que cualquiera solicita, tenemos esto centralizado. ¿Quién más va a hacer eso?, nadie. Lo hacemos para cuidarnos y por eso, gracias a Dios, después de un mes y medio de que el presidente sale a hablar tonterías de nosotros no hay evidencias. (I)