Daniel Salcedo Bonilla, señalado como uno de los responsables de la corrupción hospitalaria en la época de la pandemia del COVID-19, ha sido procesado desde el 2020 por cinco delitos, en tres de los casos ya se han emitido sentencias y dos más siguen en los tribunales.

Pese a esto, este viernes 9 de diciembre se informó que el juez Simón García, del cantón Paján (Manabí), ordenó la inmediata libertad porque, según él, las órdenes de prisión preventiva emitidas contra Daniel Salcedo ya caducaron.

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El juez García considera que el sentenciado estaba solo detenido de manera preventiva, cuestionan profesionales del derecho consultados por este Diario.

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Al consultar los términos en los que se emitió la orden de libertad, algunos expertos opinan que no tiene una base legal el recurso usado por el juez de Paján, quien además, dicen, ha actuado fuera de su jurisdicción.

El abogado constitucionalista Kléver Sigüencia explicó que si hay una sentencia de primer nivel (Salcedo tiene tres) se suspenden los términos para la caducidad de la prisión preventiva, así la sentencia haya sido apelada.

Por eso él cree que para resolver el habeas corpus a favor de Salcedo, el juez Simón García debía usar otro recurso.

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Un juez de Guayas consultado por EL UNIVERSO y quien pidió no ser identificado coincide con el constitucionalista y aclara que solo se puede hablar de caducidad de la prisión preventiva si es que el procesado está detenido más de un año sin sentencia por delitos que tienen penas mayores a cinco años y más de seis meses en delitos castigados con cárcel de hasta cinco años.

“Si se pasan estos plazos opera de puro derecho la caducidad de prisión preventiva, pero en el caso de Salcedo eso no aplica, hubo sentencias dentro de los plazos legales, pero hay avivatos que sostienen que la sentencia debe estar ejecutoriada. Este tipo de recursos han tratado de aplicarse también para liberar a narcotraficantes”, señala el juez.

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En el caso de Salcedo hay tres sentencias. La primera fue emitida por el delito de fraude procesal, es decir, por evadir a la justicia yéndose del país en avioneta cuando ya tenía una orden de detención. Fue sentenciado a cuatro años en marzo del 2022.

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Luego, Salcedo fue sentenciado a trece años de prisión como autor directo del delito de peculado en el proceso de adjudicación de fundas para cadáveres con sobreprecio en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Los Ceibos.

Tiene también una condena de tres años de prisión por el caso de ingreso de objetos a la cárcel, que se inició cuando se viralizó un video en redes sociales. (I)