‘Ecuador está por entrar en el top 3 de los países más violentos de América Latina, entonces no es un tema solo de percepción’

Renato Rivera es el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Experto en derecho y gobernanza global con estudios en Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional y Economía Política Internacional en Ecuador y España, en una entrevista con este Diario se refiere a la relación entre las actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, el sistema penitenciario y los homicidios.

A pocos meses de que salga el Gobierno de Guillermo Lasso y se elija a su sucesor o sucesora, emite sugerencias a la siguiente Administración sobre el nuevo enfoque de la política anticrimen.

El presidente Guillermo Lasso —en una entrevista— ha dicho que hay una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador que para él no es tal, y que él atribuye a que gran parte de la violencia se debe a disputas entre grupos delincuenciales organizados por territorios para la venta de droga. ¿Comparte esta idea?

Hay que ser bastante objetivos al menos en cómo se mira la medición de la seguridad, y hay dos formas: a través de encuestas de victimización o de percepción. Cuando uno habla de percepción normalmente son aquellos resultados que te dan entrevistas que uno puedo hacer a la gente y sacas una medición de qué tan seguro o inseguro se siente, esto ante la falta de confianza de las personas en las instituciones. Entonces, partiendo de un universo en el Ecuador donde siete de cada diez personas no denuncian los delitos, normalmente ese 30 % restante es lo que ves.

A través de eso se mide la percepción. En el país no hay una encuesta de victimización, no hay una encuesta de medición de inseguridad desde 2012. Entonces, es un argumento que no tiene evidencia científica.

Por otra parte, se le atribuye ese 30 % restante a un sinnúmero de delitos que registra la Policía, y ahí hay que tomar en cuenta que no todo es narcotráfico lo que está sucediendo en el país; hay un crecimiento del portafolio delictivo a nivel nacional: es el crecimiento de la minería ilegal, tráfico de armas, lavado de activos, las extorsiones, que están cobrando muchísima fuerza en el país.

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Cuando se refiere el presidente Lasso, inclusive creo que utilizó la palabra pandillas para reducir un poco la problemática, y ahí hay que tener en cuenta el uso del lenguaje, porque pandillas normalmente se refiere a esta estructura delincuencial a nivel local que no tiene conexiones internacionales o que no está metido como en grandes operaciones de narcotráfico. Ese ya no es el caso del Ecuador desde hace muchos años. Las organizaciones criminales locales tienen mucha incidencia ahora en el mercado de drogas, a nivel internacional; es decir, todo lo que está transportándose en Ecuador es dirigido por organizaciones ecuatorianas con enlaces en México, España, las redes balcánicas en Europa, Colombia. Es una dinámica mucho más compleja que solo pandillas.

Este 80 % es referencia a la violencia criminal. Lo quería decir el presidente —un poco tratando de leer— es que en el país lo que tenías antes y lo que respondía a la tasa de homicidios era más por violencia intrafamiliar, interpersonal, es decir, disputas callejeras, microtráfico en una pequeña cantidad, femicidios; eso era lo que concentraba casi todos los homicidios en el país desde 2012 hasta 2018.

En 2018 empiezan a dispararse los homicidios por violencia criminal, es decir, por disputas o por alguna confrontación entre organizaciones criminales. Ocho de cada diez homicidios son por disputas entre organizaciones criminales.

Sí hay un sentimiento mayor de inseguridad de toda la población; eso no solo se mide ante la falta de encuestas, pero también tú miras en el crecimiento de todos los índices delictivos, termina teniendo el indicador más importante para medir la inseguridad, que es la tasa de homicidios.

Ecuador se ha disparado en su tasa de homicidios. Se esperaría que el país cierre, con el ajuste del censo, entre 35 y 40 muertes violentas u homicios intencionales en el año; nos pasaría a ser uno de los países más violentos de América Latina, diría que en el top 3 de los países más violentos de América Latina. Entonces, no es un tema solo de percepción, sino que las cifras nos dan cuenta de que Ecuador tiene un alto nivel de criminalidad y de violencia.

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El presidente Guillermo Lasso lo atribuye a una supuesta incautación de droga y que es una reacción de las bandas criminales.

Normalmente, la incautación de droga se mide como una medida de éxito o fracaso de los países en la lucha contra el narcotráfico, pero es una lectura incompleta. Normalmente, a mayor producción o a mayor oferta de cocaína, sobre todo, van a crecer las incautaciones en todos los países de destino.

Todas las organizadoras criminales en el mundo tienen asignada una cuota de pérdida. En 2022 transitaron por Ecuador 570 toneladas de cocaína, esto haciendo el análisis de cuánto se produjo de clorhidrato de cocaína solo en la frontera sur de Colombia en 2022.

Naciones Unidas sacó un informe de monitoreo de cultivos en Colombia, y más o más el 41 % de la producción de cocaína de Colombia está en la frontera. Hacen una alerta gigantesca y es el crecimiento del 50 % de los cultivos ilícitos dentro del rango de los 10 kilómetros de la frontera. Nuestra frontera es bien importante para el narcotráfico, y se produjeron, en 2022, 570 toneladas.

Tomando en cuenta que se incautaron más o menos 180 toneladas, solo de cocaína, estamos hablando que 300 toneladas pasaron más lo que se almacena, más o menos el 50 % de la cocaína pasó. Entonces, ese indicador o medición de que se incautan más toneladas y, por lo tanto, hay más reacciones de las organizaciones criminales no explica la problemática.

Más bien la explicación es contraria. Ecuador es cada vez un país más atractivo o el más interdependiente o tiene más interconexión con el mundo criminal. Y eso hace que las organizaciones locales tengan un interés mucho más grande por estar vinculadas en el negocio del narcotráfico; esa vinculación normalmente genera disputas, porque necesitas controlar territorio para las rutas, para el flujo de drogas, y esas disputas generan confrontaciones directas a través de la violencia, los homicidios. Como estás en una guerra entre organizaciones criminales, necesitas también controlar el territorio y financiar todas las operaciones a nivel local, y eso se da a través de las extorsiones.

Empieza el narcotráfico a tener otro tipo de consecuencias más allá de los homicidios, que es esta dinamización de nuevos delitos. Mayor flujo de cocaína genera mayor presencia de organizaciones criminales internacionales, genera que las organizaciones locales tengan más incentivos o mayor interés por estar en el mercado del narcotráfico. Eso es lo que genera las disputas; es la permeabilidad o la falta de controles.

¿Eso también está vinculado con los problemas en el sistema penitenciario?

Tiene una particularidad, y es que el gobierno criminal ha surgido a raíz de las cárceles. Desde 2014, cuando se hacen las reformas, se crea el nuevo Código Orgánico Integral Penal, empieza a crecer mucho la tasa de detenciones en el país. Si bien fue una medida de éxito en su momento, lo que generó es este hacinamiento y la falta de controles, sumados a que se tenía en el sistema penitenciario en ese entonces que las organizaciones locales empiecen a generar muchísimo poder desde las cárceles.

Los Choneros: el poderío empieza no tanto desde las calles sino desde la cárcel, desde el control que estaba ejerciendo JR y Fito; ahí lograron hacer conexiones con carteles internacionales, vínculos con los albaneses, como un sinnúmero de medidas; por eso la cárcel se ha vuelto un centro tan importante para el crimen organizado; es porque quien está controlando la cárcel básicamente tiene el control en las calles, y en los puertos y demás. Lo que pasó recién en Venezuela.

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Exactamente. Es una organización criminal que tiene su poder desde la cárcel. Hay que entender a las cárceles como un centro de poder del crimen organizado en América Latina, que no tiene la atención que debería tener.

¿En Ecuador hay alguna ramificación del Tren de Aragua? ¿Hay presencia? ¿Podría darse?

Publicamos un informe de crimen organizado, y la metodología de trabajo fue básicamente la realización de entrevistas, talleres en seis provincias, y justamente teníamos estas preguntas: quiénes están, quiénes no están. Obviamente, los funcionarios tienen muchísimo recelo de dar nombres de las organizaciones, pero sí pudimos leer que no hay una presencia plena como sí hay en Perú y en Chile.

Eso no descarta que tenga una participación, por ejemplo, en tráfico ilícito de migrantes. Algunos nos comentaron en Carchi que el Tren de Aragua tenía una participación incipiente, bien chiquita, en hacer redes de tráfico ilícito de migrantes hacia el Darién en 2020, 2021; pero a raíz de ese año no hemos visto, no hay alertas.

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¿Qué recomendaciones se podrían hacer a este Gobierno que se va y al que viene?

La orientación del nuevo Gobierno de una política criminal orientada hacia la desestructuración de organizaciones criminales en su conjunto. Normalmente, las investigaciones están orientadas hacia la droga; a mayor incautación decimos que hay más éxito; no atacamos en nada a las personas que están moviendo ese negocio; únicamente tenemos operativos aislados y que tienen un impacto marginal contra la organización en su conjunto.

Este impacto a las personas debe venir acompañado de investigaciones patrimoniales o el impacto a las economías que se generan del crimen organizado.

En el observatorio hicimos un análisis: que en todo el universo de casos por delincuencia organizada en el país únicamente hay un impacto al 7 % del patrimonio económico de las organizaciones criminales; es decir, hay una impunidad económica del 93 %. Eso es lo que hay que tratar de atacar.

Adicionalmente, vemos que hay una deficiente investigación o una línea de trabajo de política desde el Estado hacia el lavado de activos. Más o menos Ecuador emite dos sentencias al año por lavado de activos.

El fortalecimiento de la UAFE, alinear la política criminal a las investigaciones de la Policía, esto es, cambiar los indicadores de la Policía hacia el impacto al patrimonio económico de las organizaciones criminales, investigar sus finanzas y no investigar la droga si se quiere, y el próximo Gobierno tiene que trabajar en una política de seguridad en frontera; eso es lo más importante.

Solo en narcotráfico, el 70 % de las incautaciones del país se dan en los puertos, es decir, cuando la droga ya está por salir. Todo ese margen de rentabilidad y de movilidad de la droga desde la frontera hacia el puerto es lo que no estamos viendo. Hay que reformar las investigaciones no hacia la incautación al puerto, sino a la incautación en la frontera, y eso viene también con una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, nuevas funciones que deben cumplir, inclusive pensar en la idea de generar una especie de Policía Militar que trabaje en conjunto con las Fuerzas Armadas y que tengan esta orientación.

Esta política de seguridad en fronteras al final del día va a hacer que las organizaciones dentro del país pierdan un poco de maniobra, y eso va a generar también una reducción de homicidios paulatina en ciertos territorios del país.

Guayaquil concentra el 35 % de los homicidios; eso es porque el puerto es bien atractivo para la salida de la droga. Entonces, se tiene que desplazar ese centro de interés hacia la frontera y empezar a atacar directamente desde la frontera, haciendo también un informe de monitoreo de cultivos ilícitos, saber exactamente cuántos laboratorios, si es que hay o no cultivos.

En estos talleres que hicimos de crimen organizado nos alertaron sobre la presencia de cultivos ilícitos en la frontera nuestra en Ecuador.

¿Inteligencia?

Es un trabajo fundamental que hay que hacer.

¿No hay?

No hay inteligencia. Lo que se ha visto en los últimos años es que no hay una inteligencia criminal, sino una política. Casi toda la inteligencia se utiliza para la persecución o blancos políticos y no blancos del crimen organizado. (I)