La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actualizaron sus manuales operativos para el uso legítimo de la fuerza, pero analistas consideran que no hay nada nuevo y más bien lo interpretan como un mensaje político.
El mandatario Daniel Noboa había ordenado una actualización a través de un decreto ejecutivo que, según la Presidencia de la República, buscaba una respuesta efectiva ante los grupos terroristas que usan nuevas tácticas para amedrentar al país.
Wagner Bravo, general en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Seguridad, explicó que hay una comisión de legislación militar que monitorea los cambios a las leyes, la Constitución y se asegura de que el actuar militar esté apegado a la legislación vigente.
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Además de solicitar con su iniciativa a la Asamblea Nacional, a través de la Presidencia, la promulgación de otras normas o su actualización.
Una vez que se publica una ley, reglamento o se actualiza una norma, empieza a dar disposiciones para que, en la parte operativa, se adecúen los manuales o los procedimientos, agregó.
Los manuales, sostuvo, contienen los procedimientos de cómo van a actuar. En las Fuerzas Armadas tienen el nombre de procedimientos operativos normales, es decir, qué es lo que tienen que hacer ante tal o cual situación.
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Para Bravo deben estar actualizados y, desde su punto de vista, Noboa utiliza este proceso para dar un mensaje a la sociedad de que está ordenando a que se utilice la fuerza legal.
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Agregó que, con la dinámica de las operaciones o la publicación de leyes, siempre se las actualiza para que haya el cumplimiento de la ley porque podrían ser acusados de delitos de lesa humanidad.
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Bravo recordó que la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza fue publicada en 2022, y su reglamento, en 2023. La legislación, señaló, está vigente. La institución castrense no podía, añadió, tener desactualizados los manuales.
“No creo que sean irresponsables para estar actuando ya en un conflicto interno armado y más de un año sin la norma correspondiente”, dijo.
Es difícil, agregó, con la situación que se está viviendo, ya que al combatir directamente y con mano dura al terrorismo y al crimen organizado se puede pensar que las fuerzas de seguridad van a estar haciendo un uso progresivo de la fuerza.
Van a actuar, indicó, con base en la experticia que tenga cada uno ante una amenaza y, si esa amenaza está utilizando directamente un arma de fuego, habrá que hacer el uso para neutralizarla.
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Si la amenaza está con la intención de hacer uso de armas de fuego para que afecte a terceras personas, habrá que hacer uso de las armas letales. No se a va esperar a pasar por todos los pasos del uso progresivo de la fuerza, sino que se actúa de acuerdo con la amenaza y la percepción. Para ello, indicó, se necesita una buena experticia.
Jean Paul Pinto, analista en temas de seguridad, recordó también que la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza fue promulgada en 2022. En esta se establecían todas las opciones de cuándo usar un arma de fuego, en qué circunstancias e incluso incluía el patrocinio legal en caso de que se produzcan daños colaterales.
Explicó que en 2023 se hizo un reglamento de esa normativa, por eso ya se podía aplicar desde esa época.
Para Pinto, no se entiende por qué hay un nuevo decreto en 2024, aunque lo interpreta como un aspecto vinculado al plano político. “Es dar a la gente lo que pide. La gente pide mano dura (...), el presidente dice: ‘Los he escuchado‘, y por lo tanto sacó el decreto”, dijo.
El analista consideró que no hay ningún aporte nuevo debido a que ya estaba normado en la ley y en su reglamento.
Además, para este tipo de disposiciones, indicó, no hace falta emitir un decreto, sino que los jefes militares y policiales den una disposición interna que se ejecute en un determinado periodo de tiempo y, como cada organismo es jerárquico, se cumple.
La Policía informó que se ha dejado de lado el manual que tenía un origen piramidal, en referencia a que se debían agotar todos los recursos hasta llegar a la última instancia para el uso de la fuerza potencialmente letal.
Ahora, la amenaza es evaluada por el efectivo policial, quien determinará el nivel de fuerza que se va a implementar.
Por su parte, las Fuerzas Armadas señalaron varios escenarios, como cuando la vida del soldado o de terceros esté en peligro inminente de muerte o lesiones graves, o para evitar la comisión de un delito que implique tal amenaza. (I)
