‘Seguir decretando estados de excepción es como darle una pastilla a alguien con cáncer terminal’, señalan especialistas

De los 477 días que el actual gobierno lleva en funciones, 271 han sido con la vigencia de alguno de los más de siete estados de excepción que se han decretado, principalmente en Guayaquil, Durán y Samborondón, cantones que conforman la Zona 8, donde este martes se llegó a las 1.000 muertes violentas. El año pasado en este territorio se reportaron, a la fecha, 438 casos.

Noticias relacionadas

Terminó el conteo de billetes: 8,4 millones de dólares y 100.000 euros se decomisaron en casa del hombre baleado junto a su hijo en el sur de Guayaquil

Fiscal Salazar detalló millonarios bienes ligados a Leandro Norero y confirmó que una reputada exfiscal estuvo en casa del detenido

El estado de excepción decretado tras la explosión en el Cristo del Consuelo llega este 14 a su fin, pero el Gobierno decidió extender la medida 30 días adicionales.

El abogado penalista Julio César Cueva dice que la cotidianidad de estar en estado de excepción ya no asusta a las organizaciones criminales, porque los militares no van a meterse con tanques a sectores, o usan las armas para atrapar a los sicarios, ni van a detener a los narcotraficantes.

“Seguir decretando estados de excepción es como darle una aspirina a alguien con cáncer terminal”, cree Cueva, quien destaca que volver a la medida y mantener a los militares en las calles solo genera una sensación falsa de seguridad, pero no combate el problema en sí.

¿Qué delitos no se ha podido disminuir durante el estado de excepción y cuáles se redujeron?

Si bien los homicidios están vinculados a delitos transnacionales que tienen que ver con negocios sucios, insiste el abogado en que la única forma de luchar contra estos es cambiando algunas leyes y permitir la extradición de personas vinculadas al lavado de activos y al narcotráfico.

Eso, asegura, redujo la violencia que se vivía en Colombia décadas atrás porque los detenidos temían ser juzgados en lugares donde no pudieran comprar a jueces y fiscales.

Cueva también destaca que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) de la Fiscalía debe hacer su trabajo y adquirir un programa que le permita analizar y encontrar de forma más eficiente los vínculos de los narcotraficantes con sus testaferros.

Un sistema que solo poniendo la cédula del sospechoso, con un software, puede decir quiénes son sus padres, su pareja, sus cuñados, sus sobrinos y si tienen acciones en qué compañía o qué bienes han comprado.

Gobierno extiende por 30 días más el estado de excepción en tres cantones de Guayas

“Así es como se logra descubrir estas redes de lavado de activos en otros países. Si un sospechoso conduce un carro que está a nombre de la compañía de su cuñado, ahí se puede investigar de dónde sacó el dinero el cuñado, o en la casa de quién vive el sospechoso”, asevera el abogado.

Que se creen en la Fiscalía más unidades de lavado de activos es otra de las recomendaciones del penalista y también que se desconcentren las pocas que actualmente funcionan en Quito.

El doctor Daniel Pontón, experto en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), considera que de nada sirve seguir decretando estados de excepción que no tienen efectos.

Está de acuerdo con el abogado Cueva en que si no se trabaja en el tema de la impunidad, tampoco sirve la lucha contra el narcotráfico porque los ‘peces gordos’ no quedan presos.

“Creo que está mal diagnosticado el problema, no solo se debe combatir el narcotráfico, sino establecer políticas públicas para reducir la violencia y eso debe ser integral”, menciona Pontón.

Para eso, estima que deben intervenir los municipios en planes de prevención, para entrar a los sectores más complejos y crear proyectos para rescatar a los jóvenes de las redes de las organizaciones.

Dice que para eso se deben poner plazos, metas, responsabilidades e invertir dinero.

“Imagínese que este año se proyecta que Esmeraldas tenga una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes y en Guayaquil cerca de 45 o 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es escandaloso, estamos en los promedios de los peores países de la región, en sus peores momentos”, reflexiona el decano de la IAEN.

Pontón también aclara que la llegada de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, no va a solucionarnos la vida.

“A ella le interesan más decomisos, pero las políticas públicas para contrarrestar la violencia dependen de nuestro gobierno”, concluye. (I)