La expresión habría sido de Alexis Mera a Rossana Alvarado, exasambleísta desde la Constituyente (2007-2008) y hasta el 2017, en la Asamblea Nacional, y exministra de Justicia, en el gobierno de Lenín Moreno, por vía telefónica, versión recogida de un celular de Mera, ante una supuesta felicitación de Mera, por una actuación suya en la Asamblea, en defensa de Walter Solís.

Rossana Alvarado: “Gracias, Alexis, por todo. Les defendí con furia. Poco de pendejos que creen que Solís es inocente” (…) “Rafael (Correa) y Jorge (Glas) son cojudos o se hacen, no sé por qué el presidente se siente atacado cuando de WS se trata”.

Alexis Mera; “agendas políticas, ya te contaré…”.

Los “multipropósitos”

Walter Solís fue un personaje “multipropósito” del correato: estuvo en la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Y hubo algunos más “multipropósito”.

La defensa de Correa para estos siempre fue a ultranza.

Estuvieron, entre otros, los casos de su primo Pedro Delgado y de Carlos Pareja Yannuzzelli, en los que cuando ya era insostenible la protección, primero, les viabilizaba que salieran del Ecuador; y, luego, hacía el histrionismo de que había sido ingenuo confiando en tales colaboradores. En los casos de los dos mencionados, una vez despreciados por Correa, intentaron imputarle a este algunas cosas, pero ya habían perdido credibilidad, porque eran prófugos procesados.

En mayo del 2009, cuando su ministro de Deportes, Raúl Carrión, fue procesado y detenido, por múltiples ilícitos vinculados a inversiones y compras truchas en el Ministerio a su cargo, Correa dijo que él lo consideraba “su mejor amigo” y fue a visitarlo a la cárcel. Obtuvo que no esté preso, mientras lo procesaban.

En diez años, Carrión tiene cinco sentencias no ejecutoriadas, pero no está preso, sino que cada quince días comparece en la Corte para evidenciar que no está prófugo. Su mano derecha, Fernando Moreno, el “comecheque”, que intentó comerse uno que evidenciaba una extorsión, el 2009, sí está preso.

De los últimos tiempos de Correa, fue sonada su intervención en el enlace desde Palenque, Los Ríos, abril 8 del 2017, cuando defendió al exministro Alecksey Mosquera, detenido la víspera por evidenciársele haber recibido USD 1 millón de Odebrecht, derivada esta entrega de los tiempos que fue ministro de Electricidad, expresando que esto no debía considerarse “coima ni soborno”, porque a la fecha de su acreditación ya no era ministro: “...él ha recibido el pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todos los derechos para hacerlo como consultor privado, el problema es que no los declaró”.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil había revelado el jueves 6 de abril de 2017 la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht, en la que dijeron que se realizó un supuesto pago de un millón de dólares a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, luego de que a esa compañía se adjudicó, en el 2007, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.

En octubre del 2018, la obra iba costando USD 398,8 millones, de los cuales USD 250 millones fueron tomados del Biess. Para los trabajos pendientes, se requerirá, por lo menos USD 150 millones. No es esperable que genere energía, sino avanzado el 2021. La primera piedra la colocó Correa en enero del 2008. Han transcurrido más de once años, faltan por lo menos dos. El plazo inicial se fijó en tres años con seis meses.

La Fiscalía ha puntualizado que en el correato se habrían organizado estructuras criminales para actuar concertadamente y así obtener beneficios económicos, a más del control político, que lo pierden parcialmente cuando Moreno no se allana a ser solo marioneta.

Pero, ¿se han desarmado esas estructuras criminales? Habrá que verificarlo.

¿Cuánto proyecto político?, cuánta corrupción económica?

Son inseparables.

Sobre Mera, aparte de las menciones en las anotaciones de Pamela Martínez y Laura Terán, cuando eran colaboradoras de Correa, en las investigaciones de Arroz Verde o Sobornos 2012-2016 y en las versiones obtenidas de celulares, su nombre fue mencionado por el exvicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola, Luis Mameri, ante la justicia brasileña, como destinatario de USD 4,8 millones, en dos pagos: uno por $ 1,3 millones por el proyecto San Francisco y otro de $ 3,5 millones a cambio de que ayude a Odebrecht en problemas legales en Ecuador.

Mera, además, habría suscrito un contrato en Brasil en enero del 2017 con el bufete brasileño Tozzini Freire Abogados, para conocer información sobre el caso Odebrecht. En su momento, esta fue noticia dada por él mismo y muy publicitada por el gobierno de Correa. Pero, aparentemente, no hay rastro de ese contrato, ni del pago por honorarios y gestiones que se habría pactado, ni de informe alguno producido. Ese bufete debería ser requerido, para obtener la información que debe entregar.

¿Puede haber contratación pública sin corrupción?

Un profesional de derecho, asumiendo el riesgo de parecer insolente, pero argumentando ser realista, señalaba que jurídicamente podría hablarse que una contribución económica para el gobernante, o para la autoridad que decide o para el que tramita procesos de contratación pública, es una infracción penal, pero de ser la única forma de alcanzar adjudicación y pagos, ¿qué hacer?

Sí hay muchos procesos sin corrupción. La simplificación, la transparencia y la oportunidad deben permitir evidenciar que no hay corrupción.

En positivo

Los instrumentos suscritos entre la Municipalidad de Guayaquil y el Ministerio de Gobierno el jueves 15 de agosto de 2019, para la seguridad en Guayaquil, deben ser evidencia de que los espacios del poder público y la sociedad civil pueden sumar esfuerzos, inversiones y acciones en forma coordinada.

Felicitaciones y gracias a las dos principales actoras del acuerdo: la alcaldesa, Cynthia Viteri, y la ministra Paula Romo. (O)

Un profesional de derecho, asumiendo el riesgo de parecer insolente, pero argumentando ser realista, señalaba que jurídicamente podría hablarse de que una contribución económica con el gobernante o con la autoridad que decide o con el que tramita procesos de contratación pública es una infracción penal, pero de ser la única forma de alcanzar adjudicación y pagos, ¿qué hacer?