El pasado jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lectura, en Washington, al informe emitido por su Equipo de Seguimiento Especial para la investigación del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido el 26 de marzo de 2018 en la frontera colombo-ecuatoriana.

La CIDH sugirió a los Estados la desclasificación de la información reservada, señaló la falta de coordinación de las fuerzas de seguridad y la reparación integral de las víctimas, tomando en cuenta que los asesinatos se dieron en el “marco de un conflicto protagonizado por un grupo armado terrorista”, aunque aclaró que no era un informe de responsabilidades.

Ante el señalamiento del informe de una acción ‘insuficiente’ de Ecuador para protegerlos, el canciller José Valencia refirió que la decisión de cruzar a Colombia de los tres reporteros ecuatorianos asesinados “fue voluntaria”. Los familiares de las víctimas rechazan esa posición y, con base en el informe, exigen “investigar qué sucedió, cómo sucedieron las cosas, cuál es la verdad”.

Se impone seguir con las investigaciones hasta lograr una visión completa de los hechos para establecer las debidas responsabilidades. (O)