Nuestro invitado

Uno de los ejercicios tradicionales que los ciudadanos deberíamos hacer a medida que el año termina consiste en una labor de introspección que, en vez de endiosar o presumir de los éxitos y victorias, reflexione sobre los fracasos, yerros y desaciertos cometidos, los cuales indudablemente deberían servir como enseñanza, pero también como una advertencia del riesgo que afronta una sociedad cuando no aprende de las lecciones recibidas. Hago esta introducción porque resulta esencial que nos preguntemos si lo sucedido en Sudamérica durante los últimos meses del 2019 nos ha permitido plantear y cuestionar nuestro presente para evitar que algo similar vuelva a suceder en el cercano futuro.

El caos, la violencia, la anarquía, el descontrol son solo algunos de los elementos comunes que tuvieron las protestas en varios países de la región, entre ellos el Ecuador. Si bien es cierto que factores como el descontento económico, la falta de institucionalidad, la notoria desigualdad social y la injerencia externa podrían servir para explicar lo acontecido en varios países, también se debe señalar que la realidad de cada uno de ellos es distinta y que, en consecuencia, un análisis serio y objetivo del tema debe tomar en cuenta el contexto político y económico para así evitar caer en la simplicidad de establecer una única causa para explicar los recientes estallidos sociales. El caso chileno merece una mención aparte: es realmente difícil entender lo que dicho país ha padecido a pesar de exhibir los mejores índices económicos de la región; se ha sugerido que la desigualdad ha sido la causante principal de las protestas de los chilenos, pero parecería que tras la violencia existe un profundo malestar estructural en la sociedad chilena que trasciende o que va más allá de los motivos económicos.

En el caso particular de Ecuador, resulta irresponsable que el Gobierno, al momento de eliminar los subsidios, no haya anticipado los escenarios posibles: la falta de credibilidad en las instituciones, la ausencia de liderazgos en la clase política, la fractura social que el país sufrió luego de los diez años de correísmo, sumados a la desastrosa herencia económica y a la incapacidad por parte del ejecutivo y del legislativo para remediar la situación económica, constituían un caldo de cultivo para una explosión social de grandes proporciones que tomó forma con el levantamiento indígena. Se puede discutir si la medida adoptada por el Gobierno era o no la correcta, pero las deficiencias en su ejecución, coordinación y previsión, así como las omisiones de los entes de inteligencia, estuvieron a punto de provocar el quiebre del orden constitucional.

El año que viene estará marcado por el desafío económico que deberá afrontar el país y por la incertidumbre de la campaña electoral presidencial, que tomará más fuerza en el segundo semestre del 2020. Esperemos que en esta ocasión los actores políticos entiendan la necesidad de construir un nuevo proceso que incorpore las exigentes demandas que una sociedad cada vez más polarizada exigirá. Después de muchos años de errores y fracasos, ya es hora de que el país reciba el 1 de enero con la lección bien aprendida. ¿Será posible? (O)