Al Ecuador le ha correspondido, con modestísimos medios, defender lo que hemos llamado nuestro mar territorial de 200 millas desde que el 18 de agosto de 1952, suscribió en Santiago de Chile, junto a esta nación y el Perú, la ‘Declaración sobre Zona Marítima’ por la que reclamaron y establecieron “la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países hasta una distancia mínima de 200 millas marítimas desde las referidas costas”. Posteriormente aclararon que esa soberanía y jurisdicción comprendía, también, el suelo y subsuelo de esas zonas marítimas. Esa declaración de los tres países provocó la decidida oposición de las grandes potencias cuyas flotas pesqueras asolaban nuestros mares en perjuicio de nuestras economías, particularmente de nuestras pequeñas flotas pesqueras, en gran parte de carácter artesanal; sin embargo, esa declaración fue la semilla de la actual Convención sobre el Derecho del Mar. Esta nueva Convención, la Convemar, a la que el Ecuador se adhirió hace pocos años, naturalmente modificó nuestra antigua tesis. Ahora bien, esta Convención nos permitiría extender nuestra plataforma continental hasta 350 millas, condicionado a la presentación de un estudio científico que demuestre una solución de continuidad geológica desde nuestra plataforma actual hasta Galápagos, por la presencia de las cordilleras submarinas de Cocos, Carnegie y Colón; para demostrarlo tenemos plazo hasta el 2022; un tiempo cortísimo que lo desperdiciamos día a día. Esto conlleva una terrible responsabilidad para el Gobierno del Ecuador. Si no logra hacerlo, los responsables pueden incurrir en sanciones como las que, en su hora, se aplicaron a quienes en uso de sus poderes dictatoriales (1963-1966), suscribieron con los Estados Unidos un modus vivendi, secreto, según el cual a las compañías pesqueras estadounidenses se les autorizaba a pescar libremente dentro de nuestro mar territorial de 200 millas. A quienes suscribieron ese convenio secreto la Asamblea los borró, a unos, del escalafón militar, y del diplomático al canciller y funcionarios diplomáticos que intervinieron en eso. En un detallado artículo, Francisco Swet, en Expreso, señala que la Fuerza Naval está realizando apreciables esfuerzos para obtener los instrumentos científicos, técnicos que le permitan realizar los estudios submarinos correspondientes, pero que las autoridades económicas dan largas. Solo una firme decisión del Gobierno puede solucionar esta peligrosa situación. Lo de las sanciones por el modus vivendi fue por una acción en perjuicio de nuestro mar territorial; las sanciones que puedan venir serían por omisión culpable, por una renuncia a nuestros potenciales derechos marítimos.

El último de los cancilleres de la Junta Militar, Luis Valencia Rodríguez, denunció el modus vivendi y la Asamblea Constituyente de 1966 declaró que merecía “bien de la Patria”. Ecuador enfrentó a las pesqueras transnacionales, en lo que se conoció como ‘La Guerra del Atún’, en la que, en los años cincuenta y sesenta, los gobiernos de Velasco Ibarra y de Arosemena Monroy capturaron decenas de pesqueros estadounidenses. Últimamente se han hecho presentes inmensas flotas chinas, cuya acción podríamos limitarla prolongando nuestra jurisdicción en el mar adyacente con la extensión de la plataforma a 350 millas. (O)