El comunicado de la Asamblea Nacional, emitido ayer, llamando a los candidatos, que aspiran a ser elegidos en las votaciones del 7 de febrero de 2021, a que incluyan dentro de sus planes de trabajo propuestas para reactivar la economía del país podría considerarse una obviedad. O podría colegirse que está motivado porque se percibe en una buena parte de los candidatos desconocimiento, falta de preparación –para enfrentar el desafío pospandemia que involucra crisis económica y social– o, lo que es peor, la prevalencia de intereses mezquinos ante el destino de los ecuatorianos en el próximo cuatrienio.
A esa percepción abona que haya tantas agrupaciones políticas aspirando a participar en las elecciones para captar el poder político: 62 agrupaciones provinciales y 23 nacionales (entre partidos y movimientos). Aunque para algunas aún es incierta su participación en los comicios por litigios pendientes en los entes electorales.
Surge la interrogante de si habrá realmente diferencias sustanciales de postulados y propuestas entre todas esas organizaciones. ¿Representan intereses sociales definidos? ¿Cuentan con un respaldo social significativo? ¿O tienen asidero las denuncias por fraude en las firmas presentadas?
La tendencia a ofrecer lo irrealizable para lograr apoyo electoral ha rendido frutos en muchas ocasiones. Una vez en el poder no faltan las excusas o los torpes manejos.
El exhorto de la Asamblea Nacional debe ser considerado por los electores como un campanazo de realidad para no creer en promesas sin fundamentos. Quienes aspiran a un cargo de elección popular están obligados a demostrar que conocen la realidad del país y pueden explicar con cifras y propuestas apegadas a derecho cómo van a resolver la crisis económica y social, cómo van a generar condiciones de crecimiento económico sostenido, próspero y equitativo. Cómo van a innovar con resultados efectivos en salud, educación, seguridad social; y, sobre todo, cómo van a fomentar prácticas transparentes que corten los hilos de la corrupción. (O)
