No hay otra salida; debemos armarnos para combatir la inseguridad en un 2020 de conmoción política, social, económica y de mucho dolor por un COVID-19 que agravó la crisis. Un ‘virus’ institucional encarnado en la corrupción ya generaba desempleo, xenofobia, femicidio, protestas, desigualdad; caldo de cultivo de la delincuencia y la violencia, en un país sangrando sus llagas por malas decisiones de gobiernos y complicidad del pueblo al elegir mal sus dirigentes. Todo esto aporta más violencia e inseguridad.

El candidato presidencial Guillermo Lasso, el exalcalde Jaime Nebot y la alcaldesa Cynthia Viteri proponen el porte de arma a ciudadanos que cumplan ciertos requisitos. Según Nebot, la delincuencia tiene causas no analizadas al momento, pues se enfocarán en los efectos que ocasionan zozobra y agresiones a los ecuatorianos. Las causas generan efectos; estos deben ser enfrentados por la fuerza pública, no por la población. Lasso apunta que “...la inseguridad también se combate con inclusión, educación y sobre todo con prevención”. Pero aquellos elementos como primordiales. ¿Por qué implementar una medida que podría convertirse en un bumerán peligroso?, ¿acaso se temen nuevas protestas el 2021?, ¿los nuevos compatriotas armados serían en defensa de la propiedad privada? Hay miedo ciudadano por la inseguridad, pero también posible aprovechamiento electoral. ¿Por qué no ir a la raíz del problema de la inseguridad? Esta proviene de una construcción social; deconstruir implica derribar esas estructuras que impiden el sustento de muchos individuos. Se necesita crear espacios donde la gente se desarrolle y active el tejido social para una sana convivencia: esto no se logra a plomo cruzado, sino construyendo una sociedad con calidad educativa, empleo digno, salud adecuada, cultura, ética, moral, disciplina social, para barrer su decadencia.

Existe violencia criminal; pero también económica, política, social, psicológica. Violento es ver personas comiendo de la basura; jóvenes zombis; desempleados tras comida para su prole; la corrupción impune; desesperanzados suicidándose. Por eso urge lo preventivo sobre lo punitivo. El Estado debe garantizar protección a la población. En vez de auspiciar porte de armas, los políticos deberían exigir que se potencie y capacite a las fuerzas del orden para cumplir su rol. El ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, rechaza la idea de armar más civiles. Afirma que empresas, instituciones públicas y deportistas reciben su dotación, y el porte está autorizado para camaroneras y ganaderos. Que policías y militares combatan la violencia; los políticos generen proyectos para mitigar las causas, los jueces cumplan su labor y la ciudadanía fortalezca sus redes comunitarias.

Armémonos hasta los dientes de más educación, salud, cultura, deporte, empleos y todo lo que fomente una sociedad justa, equitativa, crítica, solidaria, sin conflictos irremediables; esto solo será posible con un acuerdo nacional, aunando esfuerzos para reactivar el país y levantarnos en lo económico-productivo y social, ojalá en un 2021 libre de corrupción, desempleo, hambre, inseguridad y violencia. (O)