El 2 de marzo la Policía Nacional del Ecuador cumplió su octogésimo quinto aniversario de profesionalización, cuya misión, visión y objetivos constituyen la seguridad interna de las personas y sus bienes, así como el bienestar y la convivencia social pacífica. Lamentablemente, la política populista de quienes ocuparon temporalmente la Presidencia de la República en estos últimos 16 años contaminó profundamente sus valores, formación y disciplina, en las bases y los mandos jerárquicos; y con una tolerancia excesiva facilitó que se arrebate violentamente la representación legal, judicial y extrajudicial, asumiendo la misma el Ministerio del Interior el 17 de enero de 2011.

Dicha desinstitucionalización fue santificada con la promulgación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) en el Registro Oficial n.º 19 del 21 de junio de 2017. Una institución con más de un siglo de vida requiere de manera urgente recuperar su presencia, formación y doctrina; para lo cual deberá reformar y redactar una ley orgánica de personal y disciplina que regule la carrera profesional, la selección, la formación académica de los aspirantes a personal y oficiales, fundamentada en derechos humanos, derecho constitucional y leyes de la República, promoviendo una conducta intachable individual y colectiva del personal policial en todas las jerarquías; así como fortaleciendo la efectividad institucional. Para recuperar los valores institucionales, el respeto y la dignidad ante el país, se requiere reestructurar la institución e investigar a cada uno de los miembros policiales, sancionando con cárcel a quienes estén involucrados en delitos de narcotráfico, lavado de dinero, delitos comunes, violencia intrafamiliar, entre otros, y no solamente con la desvinculación. El Gobierno debe asumir dos compromisos esenciales: primero, mientras no exista una depuración interna de la Policía Nacional, no llamar a nuevos aspirantes a las diferentes jerarquías, porque se contaminarán y el cáncer se exaltará; segundo, reorganizar al Ministerio del Interior, eliminando la burocracia de policías pasivos, así como separando de las instalaciones del Palacio de Carondelet, sus oficinas. La independencia de funciones es vital para fortalecer la democracia. (O)

Carlos Eduardo Bustamante Salvador, abogado criminalista, Quito