Lo ocurrido el 17 de julio con el innecesario y absurdo “juicio político” a dos exfuncionarios del Consejo de la Judicatura que evito nombrarles por impresentables, es la culminación de una serie de actuaciones deplorables de la Asamblea Nacional que no cumple su función de legislar para el desarrollo del país, pero sí para “fiscalizar” con el propósito de salvar políticamente a quienes han sido juzgados por delitos tipificados en las normativas penales, y crear confusión sobre las decisiones de fiscales y jueces con propósitos inconfesables.
La Asamblea Nacional y el caso de alias ‘Diablo’
La integración de la Asamblea Nacional con personas de dudosa solvencia ética y escasa formación profesional, que con descaro defienden a delincuentes para promover la impunidad, crea inseguridad jurídica, ahuyenta la inversión, no apoya iniciativas para generar empleo, dificulta luchar efectivamente contra el crimen organizado y la corrupción.
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Una Asamblea Nacional como la que tenemos no es necesaria para que nuestro país se desarrolle con ética, eficiencia, transparencia y cuidado del ambiente, sin embargo, debe existir en un país con vocación democrática. Por esta razón, los ecuatorianos no debemos elegir a legisladores con trayectoria delincuencial, oportunistas, mediocres y farsantes, que no devengan sus elevadas remuneraciones con patriotismo y dignidad. Los ecuatorianos también debemos organizarnos con la participación de todos los sectores sociales, para dar seguimiento a la gestión pública mediante mecanismos de control social con indicadores objetivos, acceso a la información pública y capacidad para promover sanciones para quienes incumplen sus funciones. Sin ciudadanos comprometidos, capacitados y con medios para ejercer el control social no habrá cambios voluntarios en la actuación de los servidores públicos, como los legisladores. (O)
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Mario Andrade Trujillo, Quito
