Según el criterio de algunos dirigentes sindicales del sector público, “los sueldos de los trabajadores son irrenunciables y no tienen retroactividad”. Así se han ganado el favor de las barras y por supuesto los jugosos sueldos, que triplican o quintuplican el sueldo que gana el joven presidente del Ecuador, y como él no reclama, creen que deben seguir en el jolgorio salarial, a costa de los millonarios contratos colectivos, y de los impuestos que el Estado recibe de los contribuyentes que sí trabajan, a brazo partido, para ser productivos y evitar juicios coactivos por parte del SRI y del IESS/Biess, que desoyen el justo reclamo de los afiliados y jubilados.
Ni el ponderado y humanista criterio de la ministra del Trabajo, que había decidido poner un alto al abuso sindical, ha sido escuchado, ni por el propio gobernante, -que no quiere enemistarse con la clase trabajadora, previendo las próximas elecciones presidenciales-, ni por la Babel criolla, que prefiere extraer del erario el dinero que les favorece el pago de sus dietas al día, por su sacrificada defensa del país desde sus curules parlamentarias, en medio de emboscadas a la fiscal general y amenazar a los ministros de Estado, por su “ineficiente gestión”, al frente de las áreas que son de su responsabilidad.
Como lo anotaba el columnista de EL UNIVERSO Julio César Roca de Castro, en su análisis del sábado 11 de los corrientes, en el Ecuador un joven es linchado en la provincia de Bolívar por robarse unos cuantos aguacates de una finca privada, y en la culta ciudad de Cuenca el populacho le quitó la vida a un ser humano, al confundirlo con otra persona, en medio de la versión de organismos del Estado de que “el 26 % de la población, 4′800.000 ecuatorianos, viven con menos de $ 90,8 mensuales”. Eso no es vivir, es sobrevivir.
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Habría que entrevistar a los dirigentes y trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y de la propia Asamblea Nacional de que ellos son los únicos privilegiados de los organismos del Estado que pueden vivir, comer, viajar y divertirse con los sueldos y sobresueldos, que reciben mensualmente, mientras que en el resto del país existe pobreza extrema, “con ingresos menores de $ 3,00 al día”, y miles de niños cuyos padres no pueden enviarlos a recibir educación.
Por ello, a esos dirigentes sindicales y trabajadores privilegiados no les interesan las acciones violentas de los narcopolíticos, ni de los narcotraficantes, que asolan todas las provincias del país con las “vacunas”, secuestros y crímenes a cualquier hora del día. Mientras que ellos sí pueden sobrevivir en un país en crisis. (O)
Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil