Se conoce que en el Metro de Quito (MQ) la inversión supera los dos mil millones de dólares; que cada día deja de percibir pasajes que pagarían los miles de usuarios que esperan ansiosos que opere este servicio; que la operadora cobra cada mes miles de dólares aunque no esté en funcionamiento; que el sistema puede ser utilizado; y que solo falta un proceso ideal de cobro.

Les pregunto a usted lector y a los administradores del Metro Quito: ¿si los dos mil millones de dólares fueran de su empresa, permitirían que se deja de percibir ingresos y que además se pague por un trabajo no recibido? Estoy seguro que la respuesta será un no rotundo, porque no es la forma de gestionar los recursos, cuya diligencia y esmero debe ser mayor al tratarse de recursos públicos porque afecta directamente a la ciudadanía que no puede utilizar los servicios del MQ para mejorar sus condiciones de movilidad que son deplorables.

Los actuales y anteriores administradores del MQ deben recordar lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: responsabilidad por acción u omisión.

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Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y el empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.

La Contraloría debe examinar con urgencia la gestión del MQ para establecer las responsabilidades que correspondan. No se debe administrar los recursos públicos con tanto descuido. (O)

Mario Andrade Trujillo, Quito