David J. Sachar, director ejecutivo de la Comisión de Disciplina Judicial de Estados Unidos, en su artículo ‘La falta de conducta judicial y la confianza pública en el Estado de derecho’, señala: “La falta de conducta judicial deshace el tejido de lo que es necesario para un poder judicial funcional: ciudadanos que crean que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas. Por lo tanto, los jueces deben rendir cuentas ante los estándares éticos y legales. Al responsabilizarlos por su comportamiento, los exámenes de conducta judicial deben llevarse a cabo sin irrumpir en la independencia de la toma de decisiones judiciales”.
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Por desgracia, en nuestro país, en mayor o menor medida la justicia ha sido víctima del asedio, control e incluso ha formado parte del botín de quienes en su momento han ostentado abusivamente el poder del Estado. Para mayor vergüenza, ahora esto se ha evidenciado más con los casos Metástasis y Purga, investigados por la fiscal Diana Salazar.
La sociedad ecuatoriana merece un sistema de justicia confiable que responda a los postulados de transparencia, probidad y calidad del servicio. Para esto se requiere una evaluación permanente que no se ha hecho pese a estar contemplado en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial. La mayoría de evaluaciones han sido esporádicas y a conveniencia de oscuros intereses. La última evaluación de desempeño y productividad de los operadores de justicia se hizo hace siete años; cabe mencionar que hubo un paréntesis en 2019, cuando se evaluó a 36 jueces, juezas y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.
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Es un clamor ciudadano que no solo se evalúe a los miles de servidores de la Función Judicial a nivel nacional, sino que se haga de una vez por todas una reingeniería profunda a tan importante función del Estado, esto con base en el artículo 170 de la Constitución, que establece: “Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana”.
La consejera Solanda Goyes ha presentado al pleno del Consejo de Judicatura dos proyectos que son oportunos y necesarios: “Propuesta de evaluación general a todos los servidores de la Función Judicial” y “Propuesta de proceso de evaluación de desempeño y de productividad de jueces y juezas”, con base en el artículo 264, numerales 1 y 10, del Código Orgánico de la Función Judicial. Establece como funciones del pleno del Consejo de la Judicatura: “1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las cortes provinciales, juezas y jueces de primer nivel, fiscales distritales, agentes fiscales y defensores distritales, a la directora o al director general, miembros de las direcciones regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás servidoras y servidores de la Función Judicial (...)”.
Ojalá se hagan realidad estas propuestas esperanzadoras de la consejera Goyes, que pretende que los operadores de la justicia de nuestro país sean creíbles y confiables. (O)
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Alberto Molina Flores, coronel (s. p.), Samborondón
