El crimen organizado en Ecuador se ha consolidado como una de las amenazas más graves para la seguridad y estabilidad del país, si bien tiene características transnacionales, puntualmente después de la pandemia del COVID observamos un recrudecimiento de las actividades ilícitas y criminales que reflejan 6.964 muertes violentas en el 2024, si bien representa una disminución del 16 % respecto al 2023, sigue siendo una de las más altas a nivel mundial (ubicando a algunas ciudades del país, entre las 10 más peligrosas del planeta). En cambio los secuestros crecieron entre el 2018 y 2024, pasando de 1.129 a 3.566. Otro grave indicador son las extorsiones, cuyas denuncias registraron un aumento de más del 100 % del 2022 al 2024, de enero a abril del 2025 se han registrado 4.569 denuncias por extorsión. A esto hay que agregar el lucrativo negocio del narcotráfico que involucra tanto el tránsito como la producción de cocaína, especialmente; para el 2024, las autoridades incautaron cerca de 300 toneladas de droga, pero se estima que lo incautado es apenas entre el 10 % al 15 % de lo que se trafica, lo que llevaría a estimar que cerca de 2 mil toneladas es lo que circula por el país, y considerando un valor aproximado de 25 millones de dólares por tonelada en el mercado internacional, esta actividad ilícita generaría aproximadamente entre 40 a 45 mil millones de dólares anuales. Sin duda un negocio muy lucrativo, con diversas aristas que está cooptando las instituciones estatales y tomándose la justicia, más allá del perjuicio a la juventud del país. Estas cifras reflejan una crisis de seguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y que requiere una respuesta integral y sostenida para su mitigación.
Nueva Asamblea, ¿viejas costumbres?
Todo lo anterior llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el conflicto armado interno en el 2024, para contrarrestar la presencia de bandas delictivas llamado GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) en diversas zonas del país, en especial en la Costa. Ahora, el Ejecutivo remite a la Asamblea un proyecto de ley para desarticular la economía criminal, a través de un conjunto de reformas que buscan dar más protección a los policías y militares que participan en el conflicto; dar más reconocimiento al Bloque de Seguridad; calificar a los delincuentes como combatientes; establecer mecanismos de apoyo a los grupos afectados por el conflicto armado; brindar incentivos a aquellos que donen parte de su impuesto a la renta a la Policía y Fuerzas Armadas; establece además un régimen penal específico aplicable y juzgamiento diferenciado para tener procesos judiciales más ágiles; en fin, son un sinnúmero de medidas que buscan fortalecer el marco jurídico para facilitar el accionar del Estado que desde un inicio ha sido desigual. Esperemos el concurso de todos los actores políticos de la Asamblea, no puede esperarse más. Veremos quiénes defienden a los delincuentes y quiénes a los ciudadanos de bien. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
