Los cortes de energía eléctrica por desconexión de líneas de transmisión y otras causas, generan una serie de inconvenientes y perjuicios. La pregunta es ¿quiénes son responsables, pecuniariamente, del costo de los apagones? / EL UNIVERSO


Es conocido que el año pasado estuvimos cerca de sufrir racionamientos eléctricos, que debimos pagar por una energía costosa a Colombia y además generar energía con centrales térmicas ineficientes.

El próximo estiaje, en octubre de 2023, será más severo. El Cenace –Centro Nacional de Control de Energía– pide 500 MW (megavatios) para salir del problema, sin embargo, no hay luz al final del túnel. Dicha capacidad de potencia es sin sopesar la deuda eléctrica que se tiene con los sectores rurales de la Costa, en especial con los camaroneros que en algún momento van a exigir en otro tono.

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Debido a esta situación excepcional, se debe permitir que el ramo productivo genere su propia energía eléctrica y se considere al sector camaronero como aislado, como lo son el petrolero y el minero.

En otro nivel, sugerimos que se mejore la regulación sobre la generación distribuida con energías renovables, cerca del consumo que tiene un tope de 1 MW, esquema regulatorio que no funciona. Se debe permitir –ahora más que nunca– que los inversionistas generen ilimitadamente, lo cual en la Costa es indispensable porque la energía eléctrica nos llega desde lejos. Esta regulación está cumpliendo en mayo dos años de haber sido suspendida ilegalmente para supuestas ‘mejoras’, a pesar de lo exigido por los decretos ejecutivos números 238, 239 y 540, que son órdenes presidenciales incumplidas. Estamos así, entre otras causas, por el desenfocado Plan Maestro de Electrificación, que no contempla el desarrollo agroindustrial del Litoral ni el auge minero. En tales condiciones y cumpliendo la respectiva ley, nos preguntamos: ¿quiénes serán responsables, pecuniariamente, del costo de los posibles apagones? La lista es larga. (O)

Mauro Gabriel Intriago Legarda, ingeniero eléctrico, consultor; Guayaquil