La población ecuatoriana es una población con problemas en su salud. Más allá de las estadísticas, basta ver las multitudes que se agolpan diariamente a las puertas de los centros de salud de las poblaciones más pequeñas, así como de las más grandes ciudades. Y esto ocurre no solo por las políticas gubernamentales inadecuadas que generan desempleo y pobreza, sino también por un inequitativo sistema de salud vigente en el país.
Ecuador ha pedido a la OPS 14.400 vacunas contra la viruela del mono
Pero hablemos de la atención de la salud. En la actualidad, para el ciudadano común, existen dos posibilidades para ser atendido en un centro de salud: la red estatal y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); puesto que la atención privada es una opción especial, de la cual se provee el ciudadano con su particular recurso y, por el actual estado de la economía, no todos tienen acceso a esta. Pero es aquí que se plantea, si no la discordia, la demagogia y oportunismo estatal, que incapaz de atender al ciudadano común usurpa el derecho del ciudadano afiliado al IESS, que sacrifica parte de su salario en el afán de tener un servicio de salud oportuno, eficiente y pagado, puesto que mes a mes ha ido acumulando recursos para ese fin.
Así son las cosas. Es momento de que se sinceren los procedimientos y el Estado cumpla su obligación con la población general, proveyendo los recursos necesarios y obligatorios para el funcionamiento de las entidades del ministerio correspondiente. Igualmente, liberando al IESS de su papel de benefactor obligado de legiones de usuarios incorporados demagógicamente a su atención, los cuales merman los recursos y las posibilidades de atención de los legítimos dueños de los fondos del IESS, sin soslayar que el Estado debe devolver los cuantiosos recursos adeudados a la institución. Adicionalmente, los establecimientos particulares de servicios de salud deberían compartir un porcentaje de sus ganancias para atender casos específicos y puntuales de los ciudadanos comunes.
Publicidad
En todo caso, lo que se requiere urgentemente es que el Estado asuma sus obligaciones constitucionales, que el IESS deje de subsidiar atención a otros en desmedro de sus aportantes, y que el sector privado, sin afectar su negocio, comparta algo de sus ganancias, para curar a una población enferma como lo es la ecuatoriana. (O)
José Teófilo Villón Barros, Guayaquil
