La historia nos demuestra que los sistemas sociales económicos imponen modelos urbanos y que los poderes políticos deben definir una democracia y establecer lineamientos concertados en beneficio de la colectividad.

En las últimas décadas se pretende concebir una visión de urbe estructurada, planificada y ordenada, con un sentido más racional; sin embargo, se afrontan diferentes criterios para resolver una problemática de carácter social y político, apoyando la igualdad como inclusión por la segregación social para consecución de un escenario deseable.

El hecho de pensar en una ciudad justa resulta inverosímil en la práctica de planificación urbana, sesgado más como un discurso retórico sociopolítico que pretende implementar como instrumento un modelo neoliberal dominante, que tiene como objetivo suplir las aspiraciones de los sectores más vulnerables. A pocas semanas de haber conmemorado el Día Mundial de la Justicia Social, el 20 de febrero, es necesario decidir fortalecer los compromisos y las políticas sociales para reducir las brechas de las desigualdades, lograr desarrollo económico, paz..., ciudades, sociedades ambientalmente sostenibles para todos. (O)

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Vicente Hermógenes Mera Molina, arquitecto, Portoviejo