A raíz de que varios audios han sido viralizados, en los cuales se compromete a figuras políticas, podemos evidenciar la gran crisis de corrupción que se ha venido dando durante mucho tiempo atrás en el Ecuador.
Con pruebas explícitas, en las que la vida privada influyó en puestos políticos, nos deja saber que el simple hecho de ejercer un cargo de servidor público o en calidad de persona con potestad estatal “abusan y gozan” del poder de sus funciones para colocar a terceros en un cargo sin antes pasar un proceso de contratación y administración pública.
El tráfico de influencia, cohecho y concusión son delitos vinculados a la contratación pública y se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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La aplicación justa, obligatoria y sin excepciones de la ley es un problema del día a día que enfrenta el Ecuador, aún más cuando existen elementos de convicción suficientes para ejercer un proceso o investigación de oficio y no a petición de parte. (O)
Esther Bustamante Olvera, Guayaquil
