Esta columna es la última del 2022; por ello debo anticipar mi fin de año y compartir con usted, amigo lector, algunas reflexiones de lo que espero para el 2023.

Aunque la macroeconomía luzca bien y el Ecuador haya cerrado un acuerdo con el FMI como no ocurría hace mucho tiempo, lo cual es meritorio y digno de mención, la situación de los más pobres de la patria no ha cambiado; y no ha cambiado desde 1830. Y si la economía pública no tiene impacto en el metro cuadrado de los más pobres, no sirve para nada. Por ello espero que para el 2023 toda esa puesta en orden de la economía se vuelque hacia los más pobres, en obra pública, seguridad, salud, educación y fuentes de trabajo.

Hacerlo no solo es la obligación del Gobierno, sino, además, su tabla de salvación. Porque considerando sus índices de aprobación popular, por un lado, y por el otro, la cada vez más sólida mayoría de oposición en la Asamblea Nacional, que con seguridad tomará control de las principales comisiones y cuadros directivos en mayo del 2023, el panorama de gobernabilidad se complicará más, de no mediar una importante recuperación en la popularidad de su gestión.

Todo esto, sin descartar un cambio de estrategia de palacio, que incluya alguna nueva alianza con fuerzas políticas de oposición que le aseguren gobernabilidad, lo cual vemos muy poco probable, pero en política no existen los imposibles.

2023 comienza con elecciones seccionales y una consulta popular, como todas las anteriores, fundamentalmente política.

Que el año que está por llegar traiga paz, progreso y esperanza, sobre todo para los que menos tienen.

En ese contexto, más allá del detalle de cada ‘infierno local’, lo más probable es que las principales fuerzas de oposición al actual Gobierno muestren su poderío en las urnas, en contraste con la del partido de Gobierno. Este factor puede alentar a las fuerzas anarquistas acostumbradas a tomarse Quito por “quítame esta paja” para “a nombre del pueblo” cargar nuevamente contra un Gobierno aparentemente débil (que ya ha demostrado no serlo) y con poco margen de maniobra en la Asamblea.

El PSC, UNES y Virgilio Saquicela reviven la figura del ‘golpe de Estado blando’ que abanderó Rafael Correa en el 2010

Recordemos que hace unos pocos meses fueron los votos socialcristianos los que impidieron que constitucionalmente el presidente Lasso sea destituido.

Pero en un reciente comunicado de prensa, publicado por varios bloques de la Asamblea Nacional, en el que advierten de un nuevo proceso, a propósito del conflicto existente por la designación del superintendente de Bancos, ya aparece la firma del PSC.

Entonces daría la impresión de que si se repite la historia, como están las cosas hoy, esos votos socialcristianos se sumarían a la destitución.

Con ese panorama no cabe la menor duda de que el Gobierno nacional debe dirigir todos sus esfuerzos hacia lo social en 2023. Hacia levantar sus niveles de aprobación popular.

No solamente porque es su misión primordial; no solamente porque ese fue el principal compromiso de campaña del presidente Lasso, sino fundamentalmente porque es la vía de ganar estabilidad política para su régimen y para la democracia ecuatoriana.

Que el año que está por llegar traiga paz, progreso y esperanza, sobre todo para los que menos tienen. (O)