La Corte Provincial de Pichincha, el jueves 7 de abril de 2022, luego de 11 años, inicia el juzgamiento contra oficiales en servicio activo y pasivo de nuestro Ejército, que participaron legalmente dentro de la operación ‘Rescate’ del expresidente de la República Rafael Correa, retenido en el Hospital de la Policía Nacional, el 30 de septiembre de 2010.

Ecuatorianos, tenemos claro que el expresidente ocasionó el caos, por su prepotencia y desequilibrio, al enfrentar a gritos y pecho al aire la protesta de un grupo de policías en contra de resoluciones que afectaban sus ingresos económicos. Se refugió en el hospital de la Policía y siguió gobernando mediante decreto de Estado de excepción (488); ordenó, según informe del Comando Conjunto: “El Sr. Presidente en base a contacto telefónico, dispone al Sr. Ministro de Defensa y al Sr. Jefe del Comando Conjunto, que se proceda a rescatarlo…”.

El Comando Conjunto planificó la operación ‘Rescate’, cuando la ejecutó, en los exteriores del hospital, fueron recibidos a bala disparada por francotiradores insubordinados de la Policía. Hay videos y documentación como para Netflix. La operación dejó: 2 militares, 2 policías y 1 civil muertos; 42 militares heridos; procesos contra militares, policías y civiles; destrucción de material militar; y sufrimiento de pacientes y del equipo de salud. La orden de la operación militar sobre el hospital debería ser procesada por la justicia internacional humanitaria.

¿Qué pasaba si los militares de la cadena estratégica, operacional y táctica se negaban a cumplir la orden de la máxima autoridad del Estado?, seguramente afectaba la seguridad del expresidente y hubiesen sido sancionados por el Código Integral Penal: artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; artículo 343.- Insubordinación; artículo 344.- Abstención de la ejecución de operaciones en conmoción interna; pero como cumplieron enfrentan procesos sancionados con cárcel.

Muchas fuerzas políticas parecen estar en contra de la paz, seguridad y buena convivencia; hay evidencias en la Asamblea Nacional que amnistió a terroristas, agitadores, saboteadores de bienes públicos y privados, destructores de ciudades y fincas productivas, incendiarios de la Contraloría General del Estado para desaparecer documentos prueba de la corrupción, etcétera, durante octubre del 2019. No permitieron que la justicia actúe.

Vivimos en un Estado organizado, la Función Judicial es un poder importante para que nuestro Ecuador sobreviva, los miembros de las Fuerzas Armadas hacen el juramento para defender con su vida las instituciones, existe una subordinación jerárquica que es la fuerza que cohesiona el cumplimiento de las órdenes de la máxima autoridad. Si el líder decide la guerra, sus Fuerzas Armadas cumplen.

En resumen, los eslabones de responsabilidad de la cadena de mando son seis: 1) Político, presidente de la República; 2) Político-Estratégico, ministro de Defensa; 3) Estratégico-Militar, jefe del Comando Conjunto; 4) Operacional, fuerzas de tarea; 5) Táctico, grupos tácticos; 6) Acciones Tácticas, grupos especiales. Los oficiales procesados pertenecieron a los eslabones 4, 5 y 6; y quien ordenó el operativo está libre. ¿Es justo? (O)