Una nueva intentona de golpe de Estado está en marcha. De un lado, el correísmo desde la Asamblea Nacional opera el juicio político en contra del presidente Lasso; por el otro, la Conaie se moviliza para calentar las calles. El fin convergente es derrocar al mandatario legítimo.

¿El resultado del 5 de febrero los faculta acaso a obrar por mandato popular? Desde luego que no. Que una mayoría de ecuatorianos se haya pronunciado por el No en la consulta promovida por el Gobierno no quiere decir que apruebe una maniobra que contraviene la institucionalidad democrática.

Un coctel venenoso

El protervo juego responde al interés común de Correa e Iza de asaltar el poder, violentando las formalidades constitucionales que norman su ejercicio en Derecho.

Activismos violentos

El informe de la comisión ocasional del caso Encuentro, que será una versión Chucky Seven, apuntará a las causales constantes en el artículo 129 de la Carta Política por “concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito”, distinto a las del 130 “por grave crisis política o conmoción interna”, que tiene la limitante de requerir “dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional”. Nominalmente un freno.

La clave del complot desestabilizador será el citado informe parlamentario...

Anticipando la eventualidad de que el juicio en la Asamblea active la muerte cruzada por parte del Ejecutivo, el curaca (cacique) de poncho rojo ha amenazado que jamás permitirá que Lasso pueda gobernar por decreto seis meses hasta la realización de elecciones anticipadas; que volvería a caotizar al país, bloqueando carreteras y asaltando el Palacio de Carondelet. En sus maquinaciones revolucionarias no le importa la letra muerta de la Constitución de Montecristi curiosamente promulgada por sus aliados de coyuntura.

La sociedad ecuatoriana está condenada a tolerar al agitador que nunca ha sido sancionado por los múltiples delitos cometidos durante las asonadas de 2019 y 2022; y que continúa actuando con impunidad desafiando la Ley y el orden público. El presunto incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno es un mero pretexto. Es bien conocido que dichas concesiones han sido no solo generosas, sino excesivas.

La clave del complot desestabilizador será el citado informe parlamentario que seguramente vinculará al círculo íntimo del presidente Lasso con la mafia albanesa, hipótesis que no pasa de ser una teoría de conspiración, sin pruebas concluyentes. Un caso acotado de corrupción de un exfuncionario del Gobierno y un operador empresarial, convertido por efectos de la especulación en redes sociales, en una ficción que distorsiona la búsqueda de la verdad y justicia. Los más experimentados y respetados investigadores periodísticos han coincidido en esta opinión.

¿Cuál es el interés de empresarios, obreros, artesanos, agricultores, jefes de familia, amas de casa, etc., ante esta pugna de poder que enfrenta a la oposición y al Gobierno? Naturalmente, la paz y el orden, el derecho al trabajo, a la libre movilización, a mantener las actividades productivas y logísticas, además de aquellas relacionadas a la enseñanza de los jóvenes.

Lamentablemente, vivimos en un país donde se subestima el concepto de democracia, mientras se sublima la protesta social; una inversión del sistema de valores que nos condena a padecer una crónica inestabilidad política. (O)