La reducción de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís es necesaria. Es la lectura de las conclusiones acumuladas en la historia de la variada información y de los distintos debates. Debemos apoyar al Gobierno en esa dirección.

Entre las razones principales, por tratarse de subsidios inequitativos e ineficientes; y por entrañar corrupción y beneficio para la actividad ilícita del contrabando y fabricación de cocaína. Especialmente, por la fuga de combustibles en zonas fronterizas y en alta mar.

Gasolinas y acuerdos: difícil, pero necesario

Mantener los subsidios significa un inaceptable dispendio, cuando el beneficio solo llega a un mínimo porcentaje de la población necesitada del mismo.

El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, reveló en una conversación en Radio Democracia, entre informaciones que provocan asombro, que el consumo de gasolina per cápita en las islas Galápagos es del 42 % más que en la provincia del Guayas; y que el consumo de la provincia de El Oro duplica al de Pichincha. Informó también que al menos 200 millones de dólares del total de los subsidios a las gasolinas se fugan con el contrabando. Es decir, un escenario indignante, si se lo conjuga con la presencia de sectores que manifiestan tozuda oposición a la eliminación del vicioso subsidio y de autoridades que por mucho tiempo se han hecho de la vista gorda.

De Flopec y otras novedades

El contrabando de combustibles desde Ecuador a Perú se perpetra a través de 29 pasos –graciosamente denominados “clandestinos”– a lo largo de 69 kilómetros divisorios de los dos países.

La gasolina extra en Ecuador cuesta $ 2,46 por galón, mientras que en Perú cuesta $ 4,70. Esto genera a los contrabandistas una pingüe e ilegal ganancia de $ 2,24 por cada galón. Se ha calculado que de Huaquillas salen mensualmente 150.000 galones de combustible desde bodegas, también “clandestinas”.

Según información reunida, en el 2023 el costo de los subsidios a ambas clases de gasolinas ascendió a 644 millones de dólares, lo equivalente al bono de desarrollo humano y casi al doble de lo que representan los desembolsos en programas contra la desnutrición y pensiones para adultos mayores.

El Gobierno ofrece compensar la incidencia en el costo de la operación a los transportistas para que no eleven su tarifa (entre 84.000 y 85.000 vehículos de transporte). Se ha afirmado que la eliminación de los subsidios busca equilibrar las finanzas públicas y beneficiar a quienes más lo necesitan, liberar recursos para suministrar becas a jóvenes y mujeres emprendedoras (y ayudas financieras a 45.000 familias) y disuadir la fuga de combustibles, más aún cuando en Colombia han eliminado el subsidio incrementando el precio de las gasolinas, con lo cual es muy probable que el contrabando de gasolina aumente por esa frontera.

Sin duda la compensación por la eliminación del subsidio puede conllevar riesgos de corrupción y ahí el Gobierno debe tomar las precauciones para mitigarlos con mecanismos de fiscalización, incluyendo el acceso público a la información sobre los beneficiarios y los montos compensados. Se debe reducir la intermediación entre el Estado y los beneficiarios. Actualmente las bases de datos de los sistemas electrónicos son más efectivas. (O)