Me viene a la memoria cuando el pueblo del Ecuador se levantó, a inicios del año 2005, en contra del Gobierno del coronel Lucio Gutiérrez y de una mayoría legislativa que, en el Congreso, destituyó a la Corte Suprema y designó otra; la ciudad de Quito, en medio de tumultuosas manifestaciones de “los forajidos”, fue el escenario de la caída del Gobierno, y esa nueva Corte tuvo una vida efímera. Avanzó a anular las sentencias judiciales que condenaban a prisión a los expresidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y al exvicepresidente Alberto Dahik; esa Corte fue destituida, y anulados los indultos concedidos a esos exmandatarios; dos tuvieron que exiliarse, y uno fue apresado, quien valientemente –hay que reconocerlo– se quedó (Noboa) en el país.
Si esa reorganización fue un error, la presente es mucho más grave.
El repudiado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) elige un presidente del Consejo de la Judicatura que tiene la misión de designar a los nuevos jueces de la nueva Corte Nacional; un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, un día, designa a la única jurista no impugnada, de la terna enviada por la Corte Nacional, y que, un par de días más tarde, sin anulación de lo ya resuelto, designa a un nuevo presidente, más impugnado que Barrabás; y allí empieza otro caos en el proceso de posesión del elegido ante la Asamblea Nacional, cuyo secretario general denuncia las presiones recibidas para posesionar, inmediatamente, al designado, antes de que regrese al país el presidente del Legislativo, señor Henry Kronfle, quien, el día martes (ayer), teóricamente, debía posesionarlo. Es de esperar que no lo haya hecho para no contaminarse de algo en que no intervino.
Hay varios recursos legales para impugnar la elección hecha, y bien se podría esperar a que se resuelvan esas impugnaciones.
El rechazo al designado, y al proceso de designación, va en aumento: el exvicepresidente de la República León Roldós dice: “Lo sucedido recientemente en el Consejo de Participación… sobre la designación del presidente de la Judicatura es una vergüenza para la institucionalidad jurídica y ética del Ecuador”. El candidato presidencial Henry Cucalón se compromete a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El columnista Santiago Basabe llama a todos los que participan en este cuestionado proceso, “los impresentables”. Se podría editar un tomo entero sobre lo que se informa en las redes sobre el pasado profesional del elegido presidente de la Judicatura.
Nos encontramos, pues, ante un Consejo de Participación de existencia cuestionada, que elige a un cuestionado ciudadano como presidente del Consejo de la Judicatura, ¿se podrá así esperar que se elija una Corte Nacional de sabios juristas, intachables ciudadanos? Lo más probable será que elijan a seres que se les parezcan. Nosotros seguiremos con nuestro sueño de que se derogue la Constitución de Montecristi, y quede vigente la de 1998, actualizada con las nuevas conquistas sociales. Así dejará de existir el Consejo de Participación, fuente y origen de la inestabilidad del país. (O)
