La semana pasada señalamos que las áreas de particular debilidad de Ecuador en el Índice de Libertad Humana (ILH) –el país se ubica en la posición 85 de 165 jurisdicciones con un puntaje de 6,85 sobre 10– son la seguridad (3,80), el Estado de derecho (4,16), la protección de los derechos de propiedad privada (4,51) y la calidad regulatoria (5,76). De estas áreas, la que ha experimentado recientemente un declive súbito y sin precedente es la de seguridad. No obstante, en las demás áreas débiles Ecuador ha tenido un puntaje establemente bajo desde el 2000.

Donde más se podría avanzar con menor resistencia política es en la calidad regulatoria. Si vemos los subcomponentes de esta área, vemos que el peor es aquel de regulaciones de los negocios con un puntaje de 3,35 sobre 10. Este subcomponente comprende la carga regulatoria, los costos de la burocracia, si la administración pública es imparcial y qué tan complejo es cumplir con las normas tributarias. Pero en el subcomponente de qué tan abierto es nuestro mercado a la entrada y salida de actores, hay mucho espacio para mejorar, así como también en los subcomponentes de regulación del mercado laboral y de crédito.

Lo interesante es que precisamente en el mundo de las regulaciones donde el Poder Ejecutivo tiene mucho poder. Pensando en esto es que la Cámara de Industrias de Guayaquil presentó 22 propuestas de reformas en noviembre de 2022, muchas de ellas incluso ya redactadas, listas para ser implementadas. De estas propuestas, todas menos una, pueden ser implementadas por el Ejecutivo. Hasta este momento se han implementado seis de las 22 propuestas.

Algunas de estas propuestas buscan lograr un mayor acceso al crédito para el sector productivo y, en esto, coinciden en espíritu con los cambios regulatorios y legales propuestos por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) en su Proyecto de Modernización del Sistema Financiero. Entre las reformas estructurales que Ecuador necesita, la internacionalización de nuestro sistema financiero es la que se enfrentaría a la menor resistencia. El impacto fiscal de eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD) –elemento sin el cual no se daría la apertura financiera deseada– es algo manejable si se aborda a la misma vez una reforma parcial del sistema tributario atacando esa abultada lista de agujeros que comprenden el “gasto tributario”. Este es el ingreso tributario que el Estado deja de recaudar para conceder tratamientos fiscales preferenciales, popularmente referidos como “créditos tributarios”, “deducciones”, etc.

En cuanto al Estado de derecho y la protección de los derechos de propiedad privada, lo más sencillo que Ecuador podría hacer es importar Derecho. Para ello habría que enmendar la Constitución exclusivamente en el artículo 422, que prohíbe los arbitrajes internacionales e imitar el sistema liberal de arbitrajes que tanto bien le ha hecho al Perú.

Es cierto que en cuestión de seguridad Ecuador no logrará avanzar mucho sin la cooperación internacional, que ya la tiene. También es cierto que sanear las instituciones penetradas por el narco tomará tiempo y es una tarea compleja. Pero esto que, sin duda molesta, no impide avanzar en otras áreas que estimulen el crecimiento económico. (O)