América Latina y el Caribe sufre de manera directa los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19 y los conflictos bélicos internacionales. Los aumentos en los precios de los alimentos y la altísima dependencia de algunos países frente a la importación de cereales se suman a las preexistentes interrupciones en las cadenas de suministros y a la pérdida de empleos e ingresos. A esto se agrega, además, el impacto del cambio climático en la región, cuya severidad es cada día más visible y evidente.

Las estimaciones de la FAO (Food and Agriculture Organization) y el WFP (World Food Program) muestran que, entre 2019 y 2020, la cantidad de personas que padecieron inseguridad alimentaria moderada o severa en la región se incrementó en más de 60 millones. Y, en 2021, ese fenómeno afectó a casi el 41 por ciento de la población (muy por encima del promedio mundial de 30,4 por ciento). En ese contexto, los esfuerzos por terminar con la malnutrición y la insuficiente ingesta de alimentos, y para cumplir con el Objetivo de Desarrollo número 2 (que se enfoca en alcanzar el hambre cero en todo el mundo) parecen cada vez más difíciles de alcanzar.

Sin embargo, sabemos que América Latina y el Caribe es una región solución en lo que hace a la gestión y administración de problemas globales vinculados a la inseguridad alimentaria. Primero, porque es la mayor exportadora neta mundial de alimentos. Segundo, porque contiene una riqueza única en biodiversidad y agua. Y tercero, porque cuenta con recursos técnicos de calidad para formarse y comprometerse con una verdadera transformación de los sistemas agroalimentarios del mundo. En ese marco, un abordaje multisectorial y articulado es absolutamente necesario para reducir las brechas y desigualdades existentes, y generar los cambios y transformaciones que se precisan para garantizar una mejor salud y nutrición para todos.

Por eso, desde CAF -banco de desarrollo de América Latina entendemos la importancia de impulsar acciones que incluyan mejoras en la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento, riego e innovación tecnológica, así como en las capacidades para la producción y comercialización de alimentos y las buenas prácticas en el sector de higiene.

Para ello, destinamos mecanismos de financiamiento y cooperaciones técnicas no reembolsables para nuestros países miembros, que se plantean a partir de un abordaje integral. En Bolivia, por ejemplo, otorgamos un crédito por 35 millones de dólares para fortalecer el sistema productivo de cultivos básicos mediante técnicas de riego tecnificado, que generó más de 65 mil nuevas hectáreas de irrigación. En tanto, en Argentina, apoyamos el lanzamiento y la implementación de la tarjeta AlimentAR, con 700 millones de dólares en financiamiento, para garantizar el acceso a alimentos saludables para 2.4 millones de familias vulnerables del país. En Ecuador, acompañamos la puesta en marcha de la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición, a través de un crédito por 350 millones de dólares. Mientras que en Perú colaboramos con operaciones que superan los 500 millones de dólares para la aplicación de proyectos de asociaciones público-privadas, que han generado más de 113 mil nuevas hectáreas de irrigación. En Panamá estamos apoyando la puesta en marcha del Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC), con un financiamiento de 19 millones de dólares.

En paralelo, establecimos una serie de líneas de créditos con una red de entidades y bancos de desarrollo para el financiamiento de PYMES agrícolas, y destinamos inversiones patrimoniales específicas y otros instrumentos relacionados con el sector.

Además, realizamos encuentros, paneles y presentaciones, en donde especialistas en la materia buscan reconocer retos, estrategias y acciones prioritarias para abordar las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria. En ese contexto, en septiembre de 2022, llevamos adelante, en la ciudad de Nueva York, el panel “Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe”, como parte del evento “Muchas voces, una región: América Latina y el Caribe trabajando en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. Allí, se llegó a una serie de conclusiones que incluyeron la importancia de combinar políticas públicas, inversiones en los sistemas agroalimentarios y de protección ambiental, prácticas de nutrición, y mecanismos de protección social para terminar con la inseguridad alimentaria en la región y el mundo.

Desde nuestra organización, tenemos la certeza de que el trabajo conjunto entre organismos gubernamentales, agencias internacionales, instituciones multilaterales, sector privado y sociedad civil es la única manera de hacer frente a la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De esa forma, además de la búsqueda por garantizar salud y nutrición en nuestro continente, también se estará contribuyendo a una real transformación de los sistemas agroalimentarios y a una consistente disminución de la pobreza. (O)