El Banco Central del Ecuador (BCE), en su portal electrónico, ha publicado una nueva previsión de crecimiento de la economía para el año 2024 de 0,9 (inferior a la publicada anteriormente), acercándose a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 0,1 % y del Banco Mundial del 0,7 %, señalando además que será la de menor crecimiento en Latinoamérica (LAC). Este muy bajo crecimiento agravará el desempleo formal e informal, con sus negativas consecuencias en la reducción de los ingresos de la población, ocasionando, entre otros, dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, asunto complejo en una economía donde la tasa de morosidad (deudas no pagadas) sigue creciendo.

El sistema de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución), es un factor sustancial que impacta directamente en la productividad de todos los sectores del país y es delicado no haber previsto el déficit energético actual. Hecho que se refleja en que la Cepal en una reciente publicación señale que entre “los países que registran más bajo incremento de la productividad se encuentran Honduras (5 %), Ecuador (5 %)…”.

Bajo este contexto, la noticia recibida por los ecuatorianos sobre los “apagones” dejará un impacto negativo, especialmente en los sectores industrial, comercial y agrícola, pudiendo provocar mayor desaceleración de la economía, pues un 1 % en el consumo de electricidad representa un incremento en el PIB de alrededor del 0,5 % (racionamientos de luz y agua). Lo que confirma que el sector eléctrico es un cuello de botella para el crecimiento del país. La falta de electricidad incrementará los costos de los sectores productivos (debido a pérdidas y/o mayores gastos para sustituirla, ya que no llegará de la red nacional), provocando interrupción, retrasos y disminución en la generación de bienes, con pérdidas en los mercados nacionales e internacionales.

Sin duda, el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032 deberá constituirse en la política pública prioritaria de los gobiernos, para que la emergencia del sector eléctrico pueda ser superada, ya que se requiere una inversión aproximada de $ 17,3 mil millones (más del 10 % del PIB actual), para expansión de la generación, transmisión y distribución en el corto y mediano plazo, asunto que necesita, como mínimo: (I) liberalización del mercado mayorista de electricidad, dando respuesta a la demanda creciente del consumo de energía, particularmente, el incremento en 40 % del sector industrial, con probable efecto positivo en el empleo y crecimiento, en esta línea de acción se deben evitar subsidios no focalizados, asegurar suministro de electricidad a los hogares y sectores industrial, agrícola y comercial sin paralizaciones y a costos competitivos; (II) implementar procesos para controlar las pérdidas operacionales y negras de las empresas eléctricas; (III) adoptar sistemas complementarios de generación y almacenamiento de energía (solar, fotovoltaica, etc.), para mitigar situaciones de emergencia como la actual; (IV) continuar procesos de interconexión eléctrica con Colombia y Perú; (V) acelerar los proyectos de generación hidroeléctrica y de fuentes alternativas; (VI) fortalecer el Gobierno del sector de forma técnica, sin arrebatos ni dilaciones. (O)