El avance de los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico y la narcopolítica plantea el desafío de buscar ayuda militar extranjera y recursos económicos de países de Occidente porque solos resultará muy difícil derrotar estos males.
Los vecinos de Colombia, Perú y otros países más fuertes que Ecuador necesitaron y lograron ayuda internacional durante décadas para hacer frente a las bandas e incluso con ella demoraron para tener éxito.
Hoy el país está abocado a impulsar una reforma parcial a la Constitución, que ha dado luz verde la Corte Constitucional a la Asamblea para que tramite y apruebe el proyecto del Ejecutivo, a fin de romper el impedimento de permitir la ayuda militar extranjera y el establecimiento de bases o instalaciones extranjeras en Ecuador, como establece la Constitución del 2008.
Voces destempladas de supuestos líderes de izquierda se opusieron a la presencia de los militares americanos que estuvieron en el puesto de avanzada de la base de Manta (FOL) durante diez años (1999-2009), con base en el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Estados Unidos y Ecuador para actividades aéreas antinarcóticos.
El argumento era que atentaba a la soberanía y por ello, estos sectores lograron incluir en la nefasta Constitución del 2008 la prohibición expresa de bases militares extranjeras e instalaciones extranjeras con fines militares, luego de haber permitido que miembros de la guerrilla de las FARC de Colombia se instalaran en territorio ecuatoriano (Angostura).
Allí no hubo violación de la soberanía y por eso al término del convenio no solo que no se pudo renovar la ayuda militar de EE. UU., sino que festejaron la salida de los gringos y se debilitó la defensa interna hasta llegar a la grave situación actual de inseguridad y violencia.
¿Cuál soberanía defienden esos sectores vinculados a la narcopolítica? ¿De los grupos delincuenciales organizados y el narcotráfico, que pretenden el control total de los territorios, lo que sería el acabose del Estado, o la verdadera soberanía de los pueblos de vivir en paz?
Con una circunstancia importante: en diciembre del 2000 se suscribió en Palermo (Italia) la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y con ello la comunidad internacional demostró la voluntad política de abordar un problema mundial con una reacción mundial. La decisión fue que si la delincuencia atraviesa las fronteras, la acción de la ley también debe hacerlo, sin pensar en la defensa de la soberanía. Por tanto, si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Y si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura, los países deben servirse de esos mismos factores para defenderse unidos y agrupados y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas, entre otros males.
La responsabilidad de fiscalizar
En medio de la grave situación interna por la violencia e inseguridad, el país tiene que poner la atenta mirada en la Asamblea para evitar que boicotee con argumentos de que atentaría a la soberanía nacional, que ha sido vulnerada precisamente por esos sectores al margen de la ley, y obligarle a aprobar esta reforma parcial a la Constitución. (O)
