El crimen organizado transnacional está presente en nuestro país a través de organizaciones criminales nacionales, financiadas por el narcodinero que, además, les permite comprar conciencias de políticos y funcionarios públicos, por ejemplo: del sistema judicial, y les facilita la adquisición de armas para cometer homicidios mediante el sicariato.
¿Autorización de bases militares?
El poder narco controla mediante la violencia tres cadenas logísticas. La primera de la cocaína, que empieza en los países sembradores y productores, luego, circula por los países de tránsito por medios terrestres, marítimos y aéreos y termina en los países de consumo. La segunda es el narcodinero, que se recolecta en los países de consumo y recorre en sentido contrario a la cocaína. La tercera de las armas, que parte desde los países productores de armas y circula en el mismo sentido del narcodinero.
Entonces, lo lógico es que todos los países encadenados por la cocaína, narcodinero y armas, en diferentes intensidades, se unan para hacer frente a este gran poder narco, considerando que no tienen el suficiente poder nacional y recursos económicos para enfrentar unilateralmente la violencia global del narcotráfico.
Nuestro país no es productor; sin embargo, por su ubicación geográfica se utiliza para el tránsito de la cocaína a EE. UU., países europeos y otros. Esto ha generado que seamos un campo de batalla entre las organizaciones criminales por el control, lo que amenaza la supervivencia del Estado.
Por lo expuesto, necesitamos ayuda internacional, así, el presidente Daniel Noboa solicitó el cambio del artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece lo siguiente: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”; por el siguiente texto: “Art. 5: El Ecuador es un territorio de paz”.
Una posición contraria plantea que la presencia de una base militar extranjera afecta la soberanía y autonomía nacional, y que no deberíamos depender de fuerzas militares extranjeras.
Cabe recordar que EE. UU. mantuvo una ubicación operativa avanzada en Manta (FOL), entre 1999 y 2009, dentro de la base militar y bajo el comando de un oficial superior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ejerciendo la soberanía. El acuerdo era contra el narcotráfico, sin tropas armadas, pero no fue renovado por el expresidente Rafael Correa por ideología. Así, los aviones de exploración aeromarítima de EE. UU. abandonaron Manta, debilitando la vigilancia y facilitando el tránsito de la cocaína.
Aclaraciones acerca de las bases militares
Actualmente están vigentes acuerdos para que aviones de exploración aeromarítima de EE. UU. usen los aeropuertos de Manta y Galápagos y entre las fuerzas guardacostas de ambos países. La última noticia es que EE. UU. donará dos buques guardacostas, previo a ciertos arreglos y capacitación.
En resumen, es necesaria la reforma constitucional solicitada por el presidente para facilitar la ayuda militar de los países encadenados por el narcotráfico, dentro de una política de responsabilidad compartida. (O)
