Dejad toda esperanza, vosotros que entráis por aquí. (Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate) son las palabras que Dante dice haberlas encontrado grabadas en lo alto de una puerta al inicio de su viaje por una selva oscura; se refería a la puerta que lleva al Infierno (If. III,7-9). Es el sitio de la condena eterna y, por lo tanto, quienes atraviesan ese umbral, es mejor que dejen de lado toda esperanza. Para ellos todo está perdido. Y eso precisamente es lo que se apresta a hacer buena parte de la carcomida clase política ecuatoriana en las semanas que vienen: se apresta a atravesar la puerta del Infierno. Ese umbral lo habrán pasado si tienen éxito en su intención de exonerar de responsabilidad política al expresidente del Consejo de la Judicatura, uno de los mayores causantes de la descomposición de la Justicia, y que está siendo procesado penalmente. Al eximirlo de responsabilidad política a este nefasto individuo, le habrán propinado una bofetada al Ecuador.
Ya han dado el primer paso. Lo han hecho sin ningún rubor. En efecto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha aprobado un informe liberando de responsabilidad política al mencionado personaje. Un informe vergonzoso, únicamente comparable con aquel otro que produjo otra comisión, y en el que se concluye, palabras más, palabras menos, que el asesinato de Fernando Villavicencio no fue un delito político, sino un simple delito común y que de paso el responsable sería el expresidente Guillermo Lasso.
Luego de que la Comisión de Fiscalización lo ha eximido a Terán, será el Pleno de la Asamblea Nacional el que deberá decidir si acepta o no dicho informe. Es indudable que, si el Pleno lo libera de responsabilidad política, a pesar de las concluyentes evidencias que existen –algunas de ellas admitidas por uno de sus cómplices ante la Corte Nacional–, ello va a tener un enorme peso político. La presión sobre los magistrados que lo juzgan será grande, no obstante que esa decisión no los obliga jurídicamente. Después de todo, se trata del pronunciamiento de un órgano de rango constitucional.
Sin embargo, lo más grave será el mensaje que se enviará. No nos importa la corrupción judicial. Es más, somos parte de ella. Apoyamos la politización de la Justicia, al tráfico de influencia, a la venta de sentencias, a la penetración del crimen organizado en las cortes. Nos importan un rábano las investigaciones de la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar. Ese será el mensaje. Y ese mensaje, ya de por sí repulsivo, lo enviarán tomados de las manos de quienes asesinaron al general Jorge Gabela; mandaron a apalear a Carolina Llanos hasta que perdiera a su creatura en gestación; fabricaron el secuestro de un opositor en Colombia; saquearon sin piedad las arcas fiscales; aprobaron la Ley Mordaza; hicieron de la corrupción su plan de gobierno; abrieron las puertas a narcotraficantes; auparon el sicariato; permitieron la venta de drogas a los jóvenes estudiantes hasta convertirlos en adictos. Al crimen organizado no se lo vence negociando con sus capos. Basta ver lo que pasa en Colombia o México, donde las élites políticas incurrieron en ese fatal error.
Si quieren atravesar la puerta del Infierno, háganlo ustedes nomás; pero no arrastren a todo el país a semejante destino. Los ecuatorianos no merecen seguir sufriendo más. (O)
