Al iniciarse la campaña electoral se abre una gran disyuntiva que deben definir los ecuatorianos en las urnas el próximo 9 de febrero y ojalá lo hagan de manera libre, pero responsablemente, sin engaños de nadie ni presionados por regalos que acostumbran a entregar para lograr los votos.
O votan por quienes trabajan permanentemente por conseguir la impunidad para los corruptos, sentenciados y sus aliados; o votan con responsabilidad, pensando en la supervivencia del país, el bienestar y la búsqueda de paz para sus ciudadanos.
Si bien recién empieza la campaña y falta más de un mes para la primera vuelta presidencial y la elección de 151 asambleístas, según las encuestas serias y reconocidas, la fotografía de hoy, que puede cambiar en el tiempo, muestra dos tendencias claras arriba.
El resto de aspirantes, hoy muy abajo, muchos de los cuales son calificados de ‘chimbadores’ y que van solo para figurar y puede ser un negocio si se quedan con recursos económicos de sus financistas. Otros auspiciantes, si logran lavar dinero durante la campaña, en medio de la debilidad institucional y la falta de controles rigurosos.
En el país debiera exigirse el respeto a las normas y el ordenamiento jurídico, y el estricto control del organismo electoral durante la campaña. Existen actores y dirigentes que no pueden legalmente participar ni hacer actividad ni proselitismo político porque hay sentenciados por delitos y por tanto no tienen derechos de participación, que consagra el artículo 61 de la Constitución.
No pueden pronunciarse y peor participar en un proceso electoral. Lo dice el artículo 64 de la carta magna, que suspende expresamente los derechos políticos si existe interdicción judicial. Igual si hay sentencia condenatoria ejecutoriada con pena privativa de libertad.
Más aún, durante la consulta popular del 4 de febrero de 2018, más del 67 % de los votantes se pronunció a favor de la enmienda constitucional para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política e ideológica e incluso con la pérdida de sus bienes.
Interminable espera de propuestas agrícolas
Además de estas disposiciones vigentes, uno de los mayores problemas se relaciona con la inseguridad ciudadana, el conflicto armado interno que se vive y la incidencia de los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica y sus vínculos oscuros con estos sectores.
Por ello el dilema resulta si se vota a favor de quienes buscan impunidad, la llegada al poder para tomarse la justicia, la Fiscalía y los organismo de control y lograr el objetivo de revisar las sentencias condenatorias o lograr la declaratoria de nulidad de los procesos. O se vota porque el país encuentre un mejor derrotero, certezas y confianza en el futuro para exigir al Gobierno que trabaje para lograr la prosperidad de sus ciudadanos.
No debe olvidarse de que existe el fantasma de ir al modelo fracasado del socialismo del siglo 21 que viven Venezuela, Cuba, Nicaragua, países que naufragan en medio de una crisis profunda por la pobreza y la miseria a las que han llevado sus regímenes dictatoriales a los que admiran aquellos que aspiran a ganar. (O)
