Los pilares fundamentales de una democracia se sustentan en principios que garantizan el ejercicio del poder de forma equilibrada, la participación ciudadana y la protección de los derechos y libertades individuales.
Entre los principales pilares se encuentra la soberanía popular, que no es otra cosa que la transferencia del poder, que reside en el pueblo, a sus representantes a través de elecciones libres, periódicas y transparentes. En este sentido, es la ciudadanía quien participa en la toma de decisiones políticas de manera directa.
Otro pilar fundamental es la división de poderes o funciones del Estado, que en Ecuador se estructura en cinco: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia y Control Social. Para que esta división sea efectiva, es esencial que exista independencia y control entre las distintas funciones, con el fin de evitar el abuso de autoridad. Concentrar todos los poderes en una sola persona no solo es antidemocrático, sino también altamente peligroso. Basta con recordar lo sucedido durante el correato, cuando se concentraron todos los poderes en manos del Ejecutivo.
No se puede hablar de democracia sin hacer referencia al Estado de derecho, un principio que implica que todos los ciudadanos, autoridades y, especialmente, los gobernantes estén sujetos al imperio de la ley. Ignorar este principio genera desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y sus representantes, y facilita la persecución política y el silenciamiento de opositores y críticos.
En definitiva, todo Estado republicano debe garantizar de forma plena los derechos individuales, políticos, civiles, económicos y sociales de sus habitantes. Entre estos derechos se encuentran la libertad de expresión, de asociación, de prensa y la participación política, entre otros.
A menos de 20 días del inicio de la campaña electoral para elegir al próximo presidente de los ecuatorianos, nuestro país vive un ambiente enrarecido que debe preocuparnos a todos: un candidato presidencial ha sido excluido de la contienda a través de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, basada en una discutible interpretación extensiva de la Constitución para crear una nueva figura de inhabilitación política; se ha iniciado un sumario administrativo contra la vicepresidenta de la República por un organismo subalterno, aparentemente sin competencia, e imponiendo sanciones no establecidas en ninguna ley o reglamento; y un Poder Judicial y un Consejo de la Judicatura completamente cooptados por la narcodelincuencia y el crimen organizado, con vinculación a ciertos partidos políticos.
Ecuador enfrenta una nueva oportunidad para reivindicar los principios antes enunciados: el respeto irrestricto al Estado de derecho, la seguridad jurídica, el imperio de la ley y la garantía de los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos. El próximo presidente no solo tendrá la obligación de gobernar, en todo el sentido de la palabra, sino también la responsabilidad de reconstruir la confianza en las instituciones, respetando la Constitución y las leyes como límites claros del poder, y tomando acciones que aseguren confianza, estabilidad y, sobre todo, libertad. (O)
