En toda organización, pública o privada, el daño más caro no siempre es el que se registra en los balances contables, sino el que se hereda. Proyectos inconclusos, equipos desarticulados, conocimiento perdido y una cultura donde la improvisación reemplaza a la planificación suelen ser las secuelas de decisiones tomadas con ligereza desde los niveles directivos. Son daños que no aparecen en los informes financieros, pero que condicionan el desempeño futuro de cualquier institución.
Cuando un directivo utiliza el despido como atajo, para marcar autoridad, eliminar discrepancias o maquillar indicadores de corto plazo, puede abandonar su cargo días o meses después. Sin embargo, la organización y las personas permanecen pagando la factura. No se trata de un asunto personal ni emocional, sino de gestión. Las decisiones erradas no se evaporan con la salida del funcionario que las tomó; por el contrario, se enquistan en la estructura institucional.
Los despidos discrecionales suelen reflejarse, tarde o temprano, en la baja ejecución presupuestaria. Recursos aprobados que no llegan a convertirse en obras o servicios, cronogramas que se diluyen y metas que terminan siendo simples enunciados. Esta ineficiencia constituye una forma silenciosa de desperdicio que, en contextos públicos, afecta directamente a toda la sociedad. Además, estas prácticas se aproximan peligrosamente a la corrupción, es decir, decisiones improductivas cuyos costos terminan siendo asumidos por la empresa o, en el caso del sector público, por los ciudadanos.
Cuando se desmantelan equipos técnicos y se interrumpen procesos en marcha, los proyectos se atascan. A partir de allí aparecen los denominados parches: adendas contractuales, compras urgentes, consultorías improvisadas para apagar incendios administrativos. Es en ese terreno donde la opacidad se vuelve funcional y donde la discrecionalidad encuentra espacio. La falta de continuidad y de responsabilidad crea un entorno propicio para el desorden y para prácticas que erosionan la confianza institucional.
El relevo de un gerente o autoridad suele revelar, con el tiempo, que muchas decisiones presentadas como inevitables no lo eran. Proyectos cancelados que podrían haberse concluido, sanciones que pierden sentido con un nuevo enfoque, prioridades que cambian sin mayor explicación. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿por qué las decisiones de quienes ya no están quedan blindadas, mientras sus consecuencias siguen vigentes?
Una institución seria debería auditar el legado de quienes dejan sus cargos, qué proyectos paralizaron, qué costos generaron, a quiénes afectaron y con qué justificación. Y cuando corresponda, resarcir. No solo mediante indemnizaciones legales, sino también con la reactivación de proyectos y rendición de cuentas efectiva. Gobernar no es únicamente decidir, sino hacerse cargo de las consecuencias. Al final, el verdadero progreso institucional no se mide por la facilidad con la que se firman despidos, sino por la capacidad de terminar lo que se empieza, de sostener equipos sólidos y de actuar con integridad, incluso y sobre todo, cuando el poder es transitorio. (O)
