Al igual que hoy, a inicios del milenio la conflictividad y el desgobierno se tomaron las calles, la institucionalidad y la política. Fue en esa época en que las soluciones locales cobraron sentido. Fueron los gobiernos municipales y provinciales los que asumieron el mando en sus territorios e impulsaron soluciones participativas. Los resultados de esas gestiones –comprometidas con la gente– se observan hasta hoy. Por ejemplo, fue así como Tungurahua se convirtió en la provincia con el mejor sistema de caminos viales y pronto las parroquias empezaron a ser atendidas en diversas necesidades.
Si esperamos que sea el Estado central el que solucione todos los problemas seguiremos esperando; porque los problemas son gigantes y la sospecha ronda sobre la institucionalidad nacional y, particularmente, respecto al sistema nacional de justicia. De ahí que emplear los mecanismos legales que otorgan a la localidad la capacidad de decisión es una salida a múltiples dificultades que enfrentamos.
Nuestra historia prehispánica, hispánica y republicana tiene varios pasajes que muestran la capacidad de las localidades para crear soluciones, cuidarse mutuamente y proponer innovaciones. Además, el uso del poder local resultó oportuno en varios lugares del mundo. Derivada de esas perspectivas se creó una figura especial, como es el “arresto ciudadano”, que es la posibilidad de que la ciudadanía detenga a una persona que es sorprendida en delito flagrante. Donde existe la figura jurídica del arresto ciudadano los datos muestran que se ha facilitado la recopilación de evidencias y el sentimiento de seguridad ha aumentado. Aquello se asemeja –en algo– a las acciones emprendidas por las comunidades indígenas en los parajes andinos.
¿Cómo entender las circunstancias?
Pero, imaginémonos por un minuto que la ciudadanía es revestida del poder de arrestar a quien comete un delito. El problema real se presenta luego, cuando el supuesto delincuente es entregado a los sistemas de justicia. De ahí, que junto al arresto ciudadano se requeriría pulir los mecanismos de veeduría social, así como los recursos legales para la sanción en flagrancia; y resaltar el poder de las localidades.
Particularmente sería beneficioso el potenciar a las organizaciones que ya están legalmente constituidas y que tienen una historia consolidada del sentido de justicia, como son los cabildos, las juntas de defensa del campesinado y las federaciones barriales. Desconcentrar el poder significa apostar por la localidad; en muchos casos esa desconcentración ha viabilizado programas y fortaleció la toma de decisiones responsable. Concentrar todo el poder creó pozos de corrupción, fortaleció a personajes megalómanos e impidió la mirada ciudadana.
No obstante, aunque es importante lo local, siempre se requerirá auditar las gestiones, analizarlas y conminarles a que rindan cuenta frente a propios y ajenos. Pero, también tiene un peligro muchas veces el discurso de la desconcentración fortaleció mafias locales o se desconcentraron funciones, sin otorgarles recursos suficientes para que dichas competencias puedan ejercerse. De ahí que se requiere de una planificación estratégica sesuda para unir la gestión central y los poderes locales en pro de la gobernabilidad del país. (O)
